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Desde que El Salvador prohibió el aborto en 1998, pocas coyunturas obligaron a la sociedad a plantearse revertir la situación. Una de ellas, la picadura del mosquito que transmite el zika y que reabre el debate por los posibles daños en neonatos si la madre se contagia en el embarazo.

Por un lado el Ministerio de Salud salvadoreño se niega a proponer un plan para la despenalización del aborto terapéutico y, por el otro, organizaciones sociales piden al Estado tomar cartas en el asunto y no tener "una doble moral" ante la situación. 

Según datos de la entidad pública, entre diciembre de 2015 y enero del año en curso, 159 mujeres embarazadas tienen el virus y 13 de ellas ya dieron a luz sin que el bebé presente signos de microcefalia, enfermedad asociada con el zika, lo que lleva a considerar innecesario despenalizar el aborto en todas sus formas. 

La representante del Instituto de Estudios de la Mujer "Norma Virginia Guirola de Herrera" (Cemujer), Ima Guirola, consideró que el Estado no ha "generado un sistema de alerta temprana para la prevención de muchas epidemias, y en especifico la del zika".  "No se puede seguir negando la realidad, no se trata de levantar de forma coyuntural la bandera sobre la aprobación del aborto y ponerla sobre el tapete de discusión irresponsablemente", dijo a Acan-Efe.  Guirola sostuvo que el Ministerio de Salud no puede lavarse las manos en otras instituciones, como la Asamblea Legislativa, cuando lo que debe hacer es definir cómo se abordará al tema; porque ¿qué pasará si una mujer aborta involuntariamente producto de las complicaciones del zika?, ¿se le va a criminalizar?, cuestionó. 

¿Qué hará el Estado?

"La pregunta concreta es qué hará el Estado para garantizar la salud y vida de una mujer que enfrenta esta situación, y si existirá un compromiso de darle seguimiento a un niño con microcefalia que nació ante toda adversidad". 

Según Guirola, "el tema ya está sobre la mesa, por lo que el Gobierno debe de asumir una posición clara y no ambigua para garantizar la vida de las mujeres".  La activista hizo un llamamiento "claro" e instó al Ejecutivo a discutir sobre un proceso integral que incluya políticas públicas y tratamientos educativos al respecto".     El Salvador ya tienen antecedentes de criminalizar a una mujer que, en su momento, tuvo que tomar una decisión ente su vida y la de su neonato.

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