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  • EFE

Filtraciones de testimonios, incluso con declaraciones falsas, y fragmentaciones del expediente en el seno de la Fiscalía mexicana, así como el amparo de 22 policías de Iguala implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa obstaculizan el avance de las investigaciones, alertó hoy la CIDH.

Ello ante una Fiscalía general que insiste en realizar un nuevo peritaje en el basurero de Cocula y que sigue negando a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entrevistar a los militares del 27 batallón, señalaron en rueda de prensa el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei).

La experta guatemalteca Claudia Paz señaló que la filtración de declaraciones "genera confusión" y advirtió que son "informaciones no contrastadas" que en ocasiones "no responden a la verdad de lo que se dijo".

Además, tal y como agregó la colombiana Ángela Buitrago, también miembro del grupo, se "han modificado o cambiado versiones" de las que ellos tienen constancia.

Algo que podría deberse a una manipulación de la información filtrada o a que, debido a la fragmentación del caso en distintas dependencias de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), existan declaraciones distintas y contempladas en otros expedientes, explicó.

Señaló que existe una "desatención" en el caso Iguala por una fragmentación interna del expediente de, al menos, 12 averiguaciones previas a cargo de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada (Seido), cuando la investigación del caso está a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

Ello "ha supuesto la práctica imposibilidad de acceder a informaciones relevantes", denunciaron los expertos desde la Ciudad de México.

Entre otros elementos que impiden el correcto estudio, el Giei -quien colabora con la PGR desde octubre de 2015 tras la creación de una unidad especial para el caso- alertó de la aceptación parcial de un recurso de amparo de 22 policías de Iguala acusados de participar en la tragedia.

"Este es un ejemplo del riesgo en el que se encuentran ciertos elementos del caso debido a las deficiencias en la investigación", señaló el colombiano Alejandro Valencia, quien reiteró a la fiscalía sobre la necesidad de aportar nuevas pruebas para "fortalecer las consignaciones".

Aunado a ello, el Giei reiteró su petición de entrevistar a los miembros del 27 Batallón de Infantería, con asiento en Iguala, presentes en varios escenarios del suceso.

Los expertos alertaron "del riesgo que supone para la investigación" no poder tomar declaración a los militares y advirtió también que la Fiscalía no les ha entregado "los originales de material fotográfico y de vídeo tomados" por el 27 Batallón en la noche de los hechos.

Aunado a ello, en un informe presentado en septiembre pasado tras seis meses de trabajo en el caso, el Giei concluyó que no había pruebas científicas que confirmaran que los cuerpos de los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, tal y como sustenta la fiscalía en su cuestionada versión oficial.

Posteriormente, afirmaron que nuevas evidencias fotográficas e imágenes satelitales descartaban la presencia de un incendio en esta zona de Guerrero, y a esta afirmación se le sumó un peritaje del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentado este mes, que niega evidencias científicas y biológicas de que los 43 jóvenes fueran incinerados en Cocula.

Por ello, hoy el Giei dijo que no consideraba "necesario" el nuevo peritaje encargado por la fiscalía.

Buitrago recordó que el basurero de Cocula solamente lo citan cinco de los presuntos inculpados, mientras que hay once responsables que hablan de "sitios diferentes y lejanos" al mismo.

Todo ello, desde la fragmentación del expediente, la falta de acceso a declaraciones de testimonios tan relevantes como el de Gildardo López Astudillo "el Gil", presunto autor material de la desaparición, o la insistencia de un nuevo peritaje de Cocula, lleva a la creación de "nuevas versiones", señalaron los expertos.

Entre ellas que fueron 17 los normalistas -u otras cifras- incinerados en el basurero, lo que añade más incertidumbre al caso.

En su informe del pasado septiembre, el Giei pidió continuar la búsqueda de los alumnos y abrir nuevas líneas de investigación.

Entre ellos informaron de un quinto autobús tomado por los alumnos de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre y que se cree estaba cargado con droga oculta, lo que pudo ser el móvil del ataque armado a los estudiantes.

El Giei informó hoy que la PGR solicitó el 15 de febrero a su petición asistencia técnica para investigar un caso judicial anterior sobre tráfico de drogas entre Iguala y Chicago.

"Para nosotros es fundamental contar con la información que se realiza por la Fiscalía de Chicago", sostuvo Paz.

En la rueda de prensa, el Giei también reconoció avances en la investigación y valoró positivamente el reinicio de la búsqueda de los 43 desaparecidos en diversos lugares de Iguala y Cocula en el marco de esta unidad especial creada por la PGR y en la que colaboran junto con el EAAF y la Policía Federal.

El Giei dijo esperar que se "superen los obstáculos señalados" y se logre combatir la impunidad en el país, que acumula más de 26,000 desaparecidos desde 2007.

El grupo fue creado "como consecuencia de una herida, y realiza su trabajo para ayudar a sanarla", zanjó el experto español Carlos Beristain.

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