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Es una cuestión de imagen o simple obcecación: ¿Por qué el gobierno mexicano insiste en negar la grave crisis de derechos humanos que sufre el país, a pesar de las demoledoras cifras oficiales que así lo confirman y la existencia de casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa?

Al presentar las conclusiones de su visita a México a finales de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto reconocer la gravedad de la situación

que enfrenta el país y no “minimizarla hablando de casos aislados”. Pero esto último es lo que justamente ha hecho el Ejecutivo, que repitió la misma receta que utilizó hace un año cuando el relator de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, afirmó que esa práctica es generalizada en el país y ocurre en un contexto de impunidad.

En aquel momento el Gobierno rechazó la palabra “generalizada” y llegó al extremo de acusar al relator argentino de no ser “profesional y ético”, unas palabras que Méndez recibió como un “ataque personal”. El cruce entre las partes siguió durante un mes hasta que el Gobierno dio por zanjadas las diferencias tras hacer un llamado a “voltear la página y mirar hacia adelante” para atender el tema y dejar la puerta abierta a una nueva visita del relator que aún no está concretada. Cuando Amnistía Internacional denunció hace unos días en su informe anual que la impunidad y la violación de derechos humanos sigue siendo la norma en México, el Gobierno esquivó la cuestión alegando que los señalamientos al país “son prácticamente los mismos” que los emitidos a nivel mundial.

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