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La justicia brasileña condenó ayer al poderoso empresario Marcelo Odebrecht a 19 años y cuatro meses de cárcel por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal en el último capítulo del multimillonario fraude a Petrobras.

El empresario brasileño, de 47 años, está detenido desde hace casi nueve meses y presidió hasta diciembre pasado la constructora que lleva su apellido, además de ser uno de los más encumbrados hombres de negocios involucrados en el escándalo que desvió más de 2,000 millones de dólares de la petrolera.

El juez Sergio Moro que tramita la causa aseguró en su fallo —al que accedió la AFP— que las pruebas llevan a la conclusión de que "hubo ventaja indebida, o sea, sobornos, pagados por el grupo empresarial (Odebrecht) a los agentes de Petrobras" porque "no fue identificada ninguna causa lícita para esas transferencias". 

Según el magistrado, los pagos ilegales hechos por la compañía a funcionarios de Petrobras sumaron 108.8 millones de reales (unos 28.7 millones de dólares) más otros 35 millones de dólares.

Muchas veces

Marcelo Odebrecht fue condenado por haber cometido 11 veces el delito de corrupción activa y 50 veces el de lavado de dinero. 

Junto con él, también recibieron condenas adicionales exdirectivos de la petrolera estatal ya detenidos por el "Petrolao".

La sentencia es el último desenlace de una megacausa que salpica a la élite empresarial y política de Brasil, que tiene derivaciones en varios países y cuyas consecuencias aún son inciertas.

Odebrecht es uno de los mayores conglomerados empresariales de ingeniería de América Latina, con presencia en 23 países y que antes de que eclosionara el escándalo facturaba cerca de 40,000 millones de dólares anuales. 

Contactados por la AFP, los abogados de la firma calificaron la sentencia como "injusta" y equivocada por considerar que "no encuentra fundamento en las pruebas producidas" a lo largo del juicio y aseguraron que batallarán por la "libertad e inocencia" del empresario en instancias superiores.

La trama revelada por la denominada "Operación Lava Jato" (lavadero de autos) echó luz sobre un esquema en el que grandes constructoras sobornaban a directivos de Petrobras apadrinados por partidos políticos para poder manipular las licitaciones y cobrar sobreprecios por las obras.

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