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El trámite para posible juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, puede ser reanudado este mismo mes, dijeron hoy a Efe fuentes de la oposición que confían en que las protestas del próximo domingo espoleen el proceso.

"Hay que resolver esa cuestión, porque la crisis se agrava y el país no puede seguir esperando", dijo un portavoz del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la principal fuerza opositora del país, que respalda las protestas convocadas por organizaciones de la sociedad civil el próximo domingo.

"Las manifestaciones del domingo enviarán un mensaje muy claro a toda la clase política", agregó el portavoz, que no quiso ser identificado, en relación a las expectativas de la oposición de que unos 3 millones de personas salgan a las calles de más de 300 ciudades del país.

El trámite con miras a un juicio que pudiera llevar a la destitución de Rousseff llegó a comenzar en la Cámara de Diputados en diciembre pasado, pero fue suspendido por una decisión de la Corte Suprema, que detectó "errores de procedimiento" en el proceso.

El tribunal definió la forma en que debe realizarse el trámite en una sentencia adoptada a finales de diciembre, pero que no se había publicado hasta ayer, con lo cual "se abre el camino" para retomar el proceso político, dijo a Efe el portavoz del PSDB.

La posible influencia de las manifestaciones del próximo domingo también fue comentada por el presidente del PSDB, el senador Aécio Neves, quien declaró que esas protestas "pueden ser un inductor muy importante para buscar, en beneficio de todos los brasileños, una salida al 'impasse' en que este Gobierno mantiene al país".

Según Neves, los recurrentes escándalos de corrupción que "cada día se acercan más al Palacio presidencial" y el agravamiento de la crisis económica "obligan a buscar una salida".

En las últimas semanas, las averiguaciones en torno a la grave corrupción en la estatal Petrobras se han aproximado al Gobierno y alcanzaron también al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y padrino político de Rousseff y líder incontestable del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece la mandataria.

Lula, algunos de sus familiares y empresarios allegados al PT llegaron a ser objeto de allanamientos y el expresidente fue llevado desde su casa a una comisaría para prestar declaración el pasado viernes, lo que generó un terremoto político en el país.

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