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Las manifestaciones de respaldos a Lula son mucho más reducidas que las convocadas por la oposición que pide su condena por corrupción. El Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y las organizaciones sindicales consiguieron el viernes sacar a unas 270,000 personas a las calles en todo el país (1.2 millones según los organizadores) para denunciar las tentativas de "golpe" contra Rousseff. 

El propio Lula, designado ministro jefe de gabinete el miércoles por la presidenta, arengó a la multitud en Sao Paulo con la pasión de sus años de sindicalista enfrentado al régimen militar (1964-85). La movilización fue de menor envergadura que la realizada el domingo pasado por la oposición, con tres millones de personas exigiendo la renuncia de Rousseff, pero cumplió con los objetivos del Gobierno, según analistas. 

"Hasta ahora, como las demás tentativas de sacar gente a la calle contra el impeachment habían fracasado, se creía que los brasileños lo apoyaban o tenían una posición neutral", dijo Luis Felipe Miguel, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Brasilia (UnB), citado por la estatal Agencia Brasil. 

Tensión política 

Pero "ahora se vio que no es así", agregó. La tensión política y social corre el riesgo de intensificarse en las próximas semanas dado que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, está decidido a acelerar el proceso de 

impeachment contra Rousseff, acusada de haber manipulado las cuentas públicas en 2014, el año de su reelección, y a inicios de 2015.

La Cámara realizó el viernes la primera sesión de las 15 previstas para que una comisión especial recomiende abrir o archivar un pedido de juicio de destitución, y esa etapa debería concluir en unos "30 días", declaró Cunha. 

Una eventual votación parecer favorable a un juicio de destitución debe ser aprobado por los dos tercios de la Cámara (342 de los 513 diputados) y si el Senado lo ratifica, Rousseff será apartada de su cargo por un plazo máximo de 180 días, en espera de un voto definitivo. La movilización del viernes pudo poner un poco de ungüento en el apaleado ánimo de la izquierda brasileña, pero el alivio duró poco. 

De un juez a otro

La muchedumbre de la Avenida Paulista aún no había acabado de dispersarse, cuando un juez de la corte suprema decidió bloquear el nombramiento de Lula como ministro y devolver a la justicia ordinaria la investigación por presunta ocultación de bienes que se le sigue en el marco del gigantesco escándalo de corrupción en la estatal petrolera Petrobras. Así, el caso vuelve a manos del juez de primera instancia Sergio Moro, de Curitiba (sur), desde donde el magistrado lanzó hace dos años la operación Lava Jato (Lava coches) que hace temblar a la élite económica y política del país. Con una frialdad casi temeraria, el magistrado convertido en héroe de los manifestantes antigubernamentales pronunció ya casi 100 condenas e implicó en sus acusaciones al hasta ahora intocable Lula.

El pasado 4 de marzo, la policía irrumpió bajo sus órdenes en el domicilio del icónico expresidente para conducirlo a un interrogatorio forzado. Lula hubiera podido librarse de su órbita obteniendo los fueros especiales de ministro, y según juristas y dirigentes opositores esa fue la principal motivación de su nombramiento. Pero ahora volvió a quedar en manos del juez Moro, al menos hasta que el Supremo Tribunal Federal (STF) decida en su próximo plenario, previsto en principio para el 30 de marzo, si mantiene o anula el bloqueo de su designación. 

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