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  • AFP

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró el martes que no renunciará al cargo e insistió en que el proceso de destitución que adelanta el Congreso es un intento de "golpe de Estado" de la oposición.

"El nombre es uno sólo: es golpe", proclamó Rousseff en una ceremonia con juristas en el Palacio de Planalto. "Yo jamás renunciaré (...) No renuncio bajo ninguna hipótesis", aseveró la gobernante, quien dijo tener la conciencia tranquila de no haber cometido irregularidades.

"No cometí ningún delito previsto en la Constitución y las leyes para justificar la interrupción de mi mandato", aseveró la gobernante, aplaudida y vitoreada por un centenar de juristas y profesores de derecho contrarios a su pedido de destitución, que gritaron al unísono: "¡No habrá golpe!".

Rousseff recordó que ya fue víctima de injusticias durante la dictadura en Brasil (1964-1985). "Lucharé para no ser víctima de nuevo en plena democracia. En este caso no caben medias palabras, lo que está en curso es un golpe contra la democracia", reiteró.

El senador socialdemócrata Aecio Neves, derrotado por Rousseff en las últimas elecciones, pidió hace 10 días la renuncia de la mandataria como un "gesto magnánimo" de quien "perdió las condiciones mínimas para gobernar".

Rousseff enfrenta un proceso de 'impeachment' por supuestamente haber manipulado las cuentas públicas, pero la comisión legislativa a cargo del caso, quiere incluir también como motivos para la destitución las acusaciones de un senador que asegura que la gobernante estaba al tanto de una trama de corrupción que desfalcó a la estatal Petrobras.

Los argumentos de los abogados apuntaron al juez Sergio Moro, a cargo desde 2014 de las causas relacionadas con el millonario fraude de corrupción que ha llevado a la cárcel a políticos y empresarios y que alcanza al antecesor y mentor de Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien se le acusa de ocultamiento de bienes en el marco del caso.

Moro dispuso la interceptación de las conversaciones telefónicas de sus investigados, entre ellas una que Lula mantuvo con Rousseff. Moro liberó recientemente las grabaciones donde ambos discuten estrategias para enfrentar la crisis, en medio de las críticas del oficialismo, que consideró el hecho como una maniobra de desestabilización.

"La justicia brasileña se debilita cuando son grabados y divulgados diálogos de la presidenta, sin autorización del tribunal supremo", y se pone en riesgo la seguridad nacional, explicó la gobernante.

La comisión parlamentaria realizó el miércoles la tercera de quince reuniones para resolver el pedido de 'impeachment'. Para que tengan validez, el pleno de la Cámara debe realizar igual número de reuniones. Rousseff debe presentar sus descargos dentro de los 10 primeros encuentros.

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