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La divulgación de resultados de un nuevo peritaje sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes desaparecidos en México en 2014, lejos de esclarecer los hechos, provocó un enfrentamiento entre expertos que analizan el caso y la fiscalía, la cual, según los padres, pretende dividir a la opinión pública.

Los resultados presentados este viernes por el grupo de expertos que realizó un nuevo peritaje en el basurero de la localidad Cocula se aproximaron a la "verdad histórica" que presentó la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) a principios de 2015 y que señala que los estudiantes fueron incinerados a manos de miembros del cártel Guerreros Unidos.

En el basurero fueron quemados "al menos 17 seres humanos adultos", reveló el experto Ricardo Torres, quien ejerció como portavoz del grupo.

Tras esto, el GIEI -designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- denunció que la fiscalía había violado los acuerdos a los que ambos habían llegado sobre la forma de divulgar los resultados del nuevo peritaje.

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La PGR, aseveró el GIEI, ha pasado a una dinámica de "decisiones unilaterales", dejando a un lado el diálogo y el consenso, por lo que consideró "roto el acuerdo de trabajo sobre el tema del basurero".

Por esta ruptura del protocolo y la falta de acuerdo entre los propios encargados de investigar el caso, los padres sostienen que la información revelada el viernes "no es creíble".

"Definitivamente, los padres de familia estamos en la postura de rechazo hasta que no haya una verdad científica en donde participen todos los expertos", afirmó a Efe el portavoz de los padres, Felipe de la Cruz.

Como respuesta a las acusaciones del GIEI, la fiscalía emitió un comunicado en el que aseguró que el nuevo peritaje no se ha efectuado de forma "unilateral" y recordó que el grupo de expertos "se integró a propuesta, a partes iguales y por consenso, del GIEI y de la PGR" tras el convenio al cual llegaron el pasado octubre.

En otro escrito, remitido la pasada la noche del viernes, dijo respetar la "independencia" del grupo colegiado y reconoció el trabajo desarrollado por ellos.

Asimismo, reiteró "su compromiso con la transparencia, dada la relevancia del asunto y considerando el interés público en torno a él".

El trabajo de los seis expertos que realizaron el nuevo peritaje fue entregado, señaló la fiscalía, "en forma conjunta" tanto a la PGR como al GIEI.

El grupo de expertos, sin embargo, dijo que Torres hizo alusión a partes del contenido de un informe provisional "que ni siquiera han sido analizadas por el GIEI" ni explicadas.

La confrontación ha levantado suspicacias entre los familiares, para los cuales queda clara la intención de las autoridades mexicanas de proteger a alguien.

"Quién sabe quién sea el personaje tan importante que siguen encubriendo", señaló De la Cruz.

Para los familiares, los nuevos resultados suponen volver "otra vez" al punto de partida, ya que se rescata la hipótesis de que los estudiantes fueron quemados, que "ya quedó descartada" hace tiempo, reiteró a Efe uno de los padres de los 43, Clemente Rodríguez.

Y es que la teoría de la PGR fue rebatida hace unos meses por el GIEI, así como por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); ambos señalaron en sus respectivas investigaciones la falta de evidencias que indicaran que hubo un incendio masivo en el basurero.

El Gobierno se empeña, continúa el familiar, en que la gente "crea" que los quemaron: "El Gobierno se mantiene en esta postura y nosotros también vamos a mantener una postura para decir que no han cumplido los puntos que les hemos dicho y no han ayudado".

"Parece que todo esto otra vez vuelve a ser planeado", concluye.

Por su parte, el EAAF respondió al resultado del nuevo peritaje, el cual calificó como una respuesta "no concluyente" y con la que no se puede corroborar la versión del Gobierno.

Los argentinos pidieron al grupo colegiado que "amplíen" sus conclusiones, porque aunque es "indudable" que en el vertedero hubo eventos de fuego, ellos no pudieron asegurar en su investigación que correspondieran a la noche del 26 de septiembre, ni cuánto tiempo llevaban allí los restos humanos encontrados.

Las diferencias entre la CIDH y el Gobierno también se libran en otro frente, ya que el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, José Antonio Ortega, presentó una denuncia penal contra el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza, por la presunta malversación de fondos públicos destinados al caso Ayotzinapa.

Cuando se abrió una investigación previa por dicha denuncia, Icaza defendió que México está entrando "en una regresión autoritaria" al abrir una "investigación previa".

Los padres se reunirán el próximo 6 de abril con el GIEI, para profundizar en los resultados del nuevo peritaje.

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