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  • EFE

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México recibió 9.980 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos en 2015, un 18 % más que el año anterior, reveló hoy su titular, Luis Raúl González.

Al presentar el informe anual de actividades, González destacó que el mayor número de denuncias recibidas fueron por la indebida prestación de servicios públicos (3.152 casos), la falta de honradez e imparcialidad en el desempeño de funciones (1.871) y la omisión de atención médica (1.697).

Asimismo, precisó que la autoridad más señalada por supuestas vulneraciones a los derechos humanos fue el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 2.185 denuncias.

Por sectores, hubo 3.070 quejas en el ámbito de la salud, 3.024 en seguridad y 702 en educación, dijo en el evento encabezado por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y al que asistieron miembros del gabinete como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, o la fiscal general, Arely Gómez.

Aunque en 2015 se resolvieron un 44,6 % más de quejas que en el año anterior, el panorama dibujado por el presidente de la CNDH no fue halagüeño.

Solo en 2015 se abrieron 327 expedientes sobre la desaparición de 453 personas, en un país que acumula alrededor de 27.000 desaparecidos y 150.000 muertes vinculadas al crimen organizado en la última década.

"En once casos hay elementos suficientes para acreditar una presunta desaparición forzada (con la participación de la autoridad)", indicó.

El ombudsman recordó que el país vive una situación "difícil y compleja" marcada por el incumplimiento en materia de protección a los derechos humanos y los casos de tortura, ejecuciones arbitrarias o trata de personas, entre otros crímenes.

"La sociedad cada vez espera menos y desconfía más de las instituciones", señaló.

En este contexto, dijo, México se debate entre "la resignación y la transformación", pero elegir la segunda opción, sin "interés ni conveniencia política", es un "imperativo moral".

Para dar seguimiento a las recomendaciones que da a las autoridades, la CNDH anunció que este año elaborará un informe sobre ello.

Citó sucesos de 2015 como el de Apatzingán, en el occidental estado de Michoacán, donde diez civiles murieron en una operación de la Policía Federal en la que, según una investigación de la CNDH, se registraron "violaciones graves" de derechos humanos y uso excesivo de la fuerza.

También habló del caso Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes desaparecieron en el municipio de Iguala en 2014 a manos de policías corruptos y miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron e incineraron en el basurero de la localidad de Cocula, según la versión oficial.

Un nuevo peritaje reveló el viernes pasado que allí se registró un incendio "controlado de grandes dimensiones" y la quema de al menos 17 personas.

González dijo hoy que dicho estudio es solo un elemento más a tener en cuenta en la investigación y destacó que la verdad "no puede construirse ni negociarse".

Estos crímenes, señaló, evidencian carencias y la debilidad del Estado de derecho mexicano, y animó al Gobierno a defender los derechos humanos atendiendo a organismos nacionales e internacionales.

El Gobierno ha sido muy crítico con las denuncias de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en 2014 habló de tortura "generalizada" en México o la Organización de los Estados Americanos (OEA), que en marzo pidió al país "reconocer" la grave crisis de derechos humanos.

Este último reporte fue rechazado por el Ejecutivo, que reclamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no entrara a valorar el nivel "de cumplimiento de las obligaciones del Estado".

Sobre este punto versó hoy la intervención de Peña Nieto, quien destacó los avances en la materia en rubros como la consolidación política de seguridad o los mejores estándares en protección y respeto a los derechos humanos.

Señaló que se han reducido de 31 a 8 las recomendaciones a autoridades federales entre 2012 y 2015, un 74 %.

Además, aseguró que se incorporó el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, se fortalecieron las capacidades institucionales y se apoyó "con firmeza" el nuevo sistema de justicia penal o las leyes para prevenir la tortura y la desaparición forzada.

Aun con ello, reconoció que el Estado afronta "grandes desafíos", y aseguró que ha de combatirse toda "negligencia o abuso" que vulneren los derechos humanos. 

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