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  • EFE

Los expertos que investigan el caso Ayotzinapa denunciaron hoy que no han podido conocer los detalles del nuevo peritaje de fuego realizado para saber si los 43 jóvenes desaparecidos en 2014 fueron quemados en el basurero de Cocula y si hay discrepancias entre los especialistas.

En una rueda de prensa celebrada en la capital mexicana, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo que los seis responsables de dicho peritaje les comunicaron que no podían darles información "porque estaban sujetos a una cláusula de confidencialidad".

Un portavoz del grupo desveló el viernes los resultados preliminares del estudio, según los cuales en el basurero hubo un incendio "controlado de grandes dimensiones" y al menos 17 cuerpos fueron incinerados, contradiciendo el peritaje realizado por José Torero a petición del GIEI y apoyando la versión oficial.

La fiscalía sostiene que los 43 alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron incinerados la noche del 26 de septiembre de 2014 en el vertedero por miembros del cártel Guerreros Unidos, una posibilidad que Torero rechazó al considerar imposible incluso la quema de un solo cuerpo en ese lugar.

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Dado que los seis expertos fueron elegidos conjuntamente por el GIEI y la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), el grupo defendió la necesidad de saber "cómo se llegan a determinar las conclusiones, aunque sean preliminares, y cuáles son los razonamientos", señaló la guatemalteca Claudia Paz.

Es "absurdo", recalcó la experta, que se niegue "incluso la posibilidad de saber si había opiniones discrepantes" dentro de los seis investigadores, entre el propio Torero.

El GIEI dijo que da por acabada su colaboración con la fiscalía en relación al peritaje de fuego, ya que esta actuó de manera "unilateral" al organizar una rueda de prensa para divulgar los primeros resultados.

Algo que el grupo "no consideró viable en su momento", ya que las informaciones previas no esclarecían ninguna de las cuestiones fundamentales por las que se encomendó el estudio, como cuánto combustible y madera serían necesarios para la incineración de los 43 estudiantes.

Aunque los seis expertos en fuego dijeron que "al menos 17 seres humanos" fueron quemados en Cocula, el GIEI insistió en la importancia de los "detalles", ya que hay pruebas de que uno de los restos óseos hallados en el lugar "no corresponde a un normalista".

Sobre los demás restos "no tenemos ningún dato para decidir si son o no son" los estudiantes.

En los términos del acuerdo alcanzado por el GIEI y la PGR, especificó el chileno Francisco Cox, se estableció que los expertos se pronunciarían sobre la "dinámica de fuego", y no "sobre antropología forense", como ha ocurrido.

Además, apuntó, dentro del conjunto de expertos "no hay ninguno" en antropología forense.

"México y los familiares necesitan una respuesta científica y cuidadosa a las preguntas planteadas", consideró el GIEI, que añadió que la acción llevada a cabo estos días solo genera "desconfianza" y no ayuda al esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, Cox indicó que "no se ha informado nada" sobre la fecha en la que los expertos en fuego harán públicos nuevos resultados, después de que estos aseguraran que "una quema masiva de 43 cuerpos, tal y como se indicó en las declaraciones de los detenidos por estos hechos", solo es posible a través "una prueba a gran escala".

Aunque considera rotas las relaciones en torno al peritaje de fuego, el GIEI continuará colaborando con la fiscalía en lo relacionado a su propia investigación, cuyos resultados serán anunciados en un par de semanas, antes de que acabe su mandato el próximo 30 de abril, añadió Paz.

Respecto a las informaciones y críticas que han sido publicadas en torno a su actuación, la experta colombiana Ángela Buitrago dijo que "el GIEI ha querido ser sordo, ciego y mudo, (...) pero es evidente el ataque generalizado con mentiras, infamias", que pueden ser rebatidas con la mera consulta de su página web.

"Es el momento de no hacernos los sordos ante un ataque que genera amenazas o posibles riesgos, no solamente a los miembros del GIEI, sino a defensores de los derechos humanos en México", reivindicó la experta.

"No tenemos ningún problema con la transparencia", aseguró la colombiana, antes de considerar que los ataques al grupo buscan generar que este desista de llegar a "la verdad en el caso Ayotzinapa".

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