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El Congreso de Honduras aprobó ayer un decreto de emergencia para acelerar la depuración de la policía, al comprobarse que los actuales jefes encubrieron a mandos anteriores que ordenaron matar al zar de los antidrogas Arístides González, informaron fuentes legislativas.

En su primer artículo, el decreto, aprobado por la mayoría de los 128 diputados de la cámara, “declara de emergencia y seguridad nacional la depuración de la Policía Nacional por el término de doce meses”.

“Es causa de separación de la Policía Nacional la falta de idoneidad para el ejercicio de su función o la pérdida de confianza”, añade el decreto enviado al legislativo por el presidente Juan Orlando Hernández.

El mandatario envió al Congreso el decreto el pasado miércoles, en medio del estallido de una nueva crisis luego que el diario El Heraldo publicó un informe revelando que altos jefes policiales mandaron a matar en diciembre del 2009 a González a petición de un capo narcotraficante del departamento de Colón.

De acuerdo con las revelaciones de El Heraldo, los miembros de la cúpula enviaron sicarios a matar también al exasesor del ministerio de Seguridad, Alfredo Landaverde, el 7 de diciembre del 2014 y a un prominente fiscal, Orlan Chávez, el 18 de abril del 2013.

Nombran comisión

Según el decreto, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, integrado por los ministros de Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores y los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso, entre otros funcionarios, “nombrará una comisión para acompañar el proceso de depuración” emprendido por el ministerio de Seguridad.

La comisión reemplazará a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (Diecp), creada en el 2012 para emprender la depuración, pero que no ha funcionado.

La Diecp fue organizada por el anterior presidente Porfirio Lobo (2010-2014) luego de comprobarse que sedes enteras de la policía, integrada por unos 12,000 hombres, integraban carteles de narcotráfico, participaban en robos, actos de sicariato y otros delitos del crimen organizado.

La comisión tendrá que “implementar un mecanismo de vigilancia y supervisión de los policías separados y suspendidos”, subraya el decreto.

El embajador de EE.UU. en Tegucigalpa, James Nealon, dijo que su país sigue “muy de cerca” la supuesta implicación de agentes de la Policía de Honduras en el asesinato del titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Julián Arístides González, en 2009.

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