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El Gobierno salvadoreño dijo ayer  que propondrá al Parlamento la creación de grupos civiles organizados, adiestrados por la Policía, para que se encarguen de impedir que las pandillas entren a los municipios rurales que presentan bajos índices de criminalidad.  La propuesta se inscribe en las medidas extraordinarias de seguridad que se ha planteado el Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén para enfrentar la ola criminal en el país, que contabilizó más de 2,000 asesinatos en el primer trimestre de este año, dijo este miércoles el portavoz del Ejecutivo, Eugenio Chicas.  "Es necesario establecer un cordón sanitario, una frontera, una barrera que no permita que los criminales de pandillas se desplacen y contaminen la ruralidad", dijo Chicas en la televisión local.       

Los "grupos organizados" estarán conformados por ciudadanos y se establecerían en unos 100 municipios con "baja criminalidad", con el objetivo de establecer una "barrera" a las pandillas.        

Chicas señaló que la propuesta "ya fue sometida al debate de los partidos políticos", y tendría que pasar por la aprobación de una iniciativa de ley por parte de la Asamblea Legislativa.  Vamos a presentar en su momento y próximamente una iniciativa de ley para sustentar esa propuesta; el propósito es que el empresariado, el Consejo Nacional de Seguridad, los partidos políticos, la sociedad, las academias, puedan contribuir", dijo el funcionario. Señaló, durante su participación en el programa de Canal 10 El Salvador Ahora, que la defensa de las comunidades por parte de sus habitantes "es un derecho establecido en la Constitución, así como la captura de criminales en flagrancia".

"No estamos hablando de mecanismos de venganza o que alguien se tome la justicia por sus manos", recalcó el secretario de Comunicaciones, quien explicó que "aún no se ha determinado el nombre bajo el cual operarían estos grupos comunitarios". 

Chicas destacó que la adhesión a estos grupos por parte de habitantes de la comunidad estaría condicionada a una serie de requisitos, entre estos que sus integrantes carezcan de antecedentes penales. "Un área de la Policía Comunitaria de la Policía Nacional Civil podría ser la responsable de capacitar, organizar, vigilar, supervisar a estos vecinos que se puedan estructurar en su comunidad", puntualizó.  El Parlamento de El Salvador ya aprobó una serie de medidas de emergencia transitorias propuestas por el Gobierno, como el control de pandilleros presos, el incremento de efectivos de seguridad en los territorios más violentos y mayor presencia militar en las calles.

Críticas al poder 

No estamos hablando de mecanismos de venganza o que alguien se tome la justicia por sus manos". Eugenio Chicas, portavoz del Ejecutivo

La violencia crece en El Salvador debido a la "indiferencia" del Gobierno y de grupos de poder que no se sienten directamente afectados por una situación que cuesta la vida de miles de personas cada año y lastra el desarrollo económico y social del país. 

Esa es la visión del rector de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), el padre jesuita español Andreu Oliva, quien en una entrevista con Acan-Efe destaca la prevención como la vía para enfrentar una realidad compleja e impedir que sigan creciendo las filas de las peligrosas maras o pandillas juveniles.  Es a esos grupos a los que las autoridades atribuyen la mayor responsabilidad por la sangría salvadoreña: más de 2,000 asesinatos en los tres primeros meses de este año.

Tras el crimen de 11 trabajadores en marzo pasado, en una presunta demostración de poder de los pandilleros, el Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén anunció la puesta en marcha de medidas extraordinarias, las primeras dirigidas a evitar que los "mareros" presos sigan, desde la cárcel, ordenando crímenes y extorsiones. 

"Siempre hay una serie de explosiones de opiniones cuando ocurren casos que son muy llamativos, como la masacre de 11 salvadoreños en localidad de San Juan Opico el 3 de marzo; en esos momentos salen las nuevas medidas (oficiales contra el crimen y la violencia) pero en general hay mucha indiferencia" de parte de las autoridades, afirma el teólogo. Tampoco "ha habido un interés de parte de los políticos, empresarios y en general de las personas que toman las decisiones, porque la situación no les afecta directamente. En algunos casos les afecta indirectamente", añade.

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