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Existe un precedente en la historia de Brasil al procedimiento de destitución en curso contra la mandataria de izquierda Dilma

Rousseff: el de Fernando Collor de Melo (1990-1992), el primer presidente elegido por sufragio universal después de la dictadura (1965-84). 

Acusado de corrupción pasiva, se embolsó 6.5 millones de dólares en 33 meses de mandato, según una estimación de la época, Collor renunció justo antes de ser condenado por el Senado, el 30 de diciembre de 1992. La sentencia resultó en su inhabilitación política durante ocho años, aunque en 1994 su proceso por corrupción fue "archivado" por el Supremo Tribunal Federal (STF). Cumplido su alejamiento de  Brasilia, el expresidente fue elegido senador por el estado de Alagoas (noreste) en 2006 y reelecto en 2014. 

Hoy, con 66 años, su nombre aparece en la lista de implicados en el escándalo de corrupción en Petrobras.

Si el motivo de la destitución era claro en el proceso de Collor, un político notoriamente enfangado en el fraude que generó un rechazo casi unánime, las acusaciones parecen más complejas en el caso de Rousseff, de 68 años. 

Hasta ahora sin ninguna implicación judicial en la red corrupta destapada en la petrolera estatal --y que ha alcanzado a su Partido de los Trabajadores (PT), así como otras muchas formaciones-- Rousseff, de 68 años, está acusada por la oposición de haber maquillado las cuentas públicas, un práctica que, según alega, ha sido utilizada por sus predecesores y por gobernantes de estados y municipios brasileños. 

El Gobierno niega además que se trate de operaciones encubiertas de crédito o que estuviesen bajo la responsabilidad directa de Rousseff, por lo cual, afirma, sería anticonstitucional apartarla del poder por esos motivos.

Otras acusaciones, otras fuerzas 

"Collor tenía la etiqueta de corrupto, Rousseff, no. Ella puede ser vista como incompetente, pero nadie piensa que se haya enriquecido personalmente", dijo a la AFP el profesor de Derecho Ivar Hartmann, de la Fundación Gentulio Vargas. "Además, Collor no tenía un partido fuerte para apoyarle", en tanto que Dilma Rousseff, aunque sumamente impopular, cuenta con el respaldo del PT y sus aliados. "Pese a la desbandada que estamos viendo, tiene sus apoyos", subrayó Hartmann.

"El aislamiento de Collor se sentía en las calles, donde nadie le apoyaba", precisó. 

Los caras pintadas 

La multitudinaria movilización contra el mandatario fue conducida por los 'caras-pintadas', jóvenes que pedían su salida con el rostro pintado de verde y amarillo. En el caso de Rousseff, ha sido necesario instalar un muro en la explanada de los ministerios de Brasilia para separar a los defensores y detractores del proceso de impeachment, antes del voto crucial del domingo. 

Buena parte de los artistas e intelectuales del país se oponen, además, a su destitución. La familia de Collor había entrado en la historia negra de Brasil en 1963, cuando su padre, Arnon de Melo, mató de tres tiros en pleno Parlamento a uno de sus colegas, quien no era el blanco de los disparos. Con el advenimiento de la democracia en 1985 en Brasil, las denuncias de delitos de responsabilidad contra los mandatarios han sido moneda corriente en este país. De hecho, tanto Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y Lula (2003-2010) fueron objeto de varias denuncias durante sus respectivas gestiones que a la postre fueron desechadas.

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