•   Brasilia  |
  •  |
  •  |
  • Edición Impresa

La crisis que ha zarandeado los cimientos de la política en Brasil y ha puesto al borde de la destitución a la presidenta, Dilma Rousseff, está aderezada de toda una ensalada de jerigonza jurídica y de jerga callejera que ha ribeteado el diccionario del día a día de los brasileños.

Rousseff se enfrenta a un “impeachment”, un complejo proceso de destitución con numerosas etapas sucesivas en la Cámara de los Diputados y el Senado, cuyo trámite se inició el pasado diciembre y que tendrá una votación decisiva esta semana, con la que se podría sellar el “afastamento” o alejamiento temporal de la jefa de Estado.

LA ACUSACIÓN

La mandataria es acusada formalmente de haber cometido un “crimen de responsabilidad”, motivo fijado por la Constitución para poner en marcha este tipo de procesos destituyentes.
Según la parte acusadora, este “crimen” se produjo en las “pedaladas”, que no se refieren a los paseos que Rousseff suele dar en bicicleta cada mañana en el entorno del palacio de la Alvorada, sino a unas maniobras contables consideradas irregulares el año pasado por el Tribunal de Cuentas.
Convencida de que el juicio político oculta otros intereses, Rousseff ha acusado de “golpistas” y “conspiradores” a los otros dos personajes claves de esta telenovela, el vicepresidente Michel Temer, quien la sustituirá si es destituida, y el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha.
Cunha, apodado “cangrejo” en una lista de pago de sobornos de una constructora y llamado “Mi Malvado Favorito” por muchos brasileños, fue quien puso en marcha el proceso contra Rousseff, pero esa maniobra le ha costado ser apartado del cargo por un caso de corrupción en el que es investigado en el Tribunal Supremo.

PAÍS PATAS ARRIBA

El caso de corrupción que ha puesto a Brasil patas arriba es conocido popularmente como el “Petrolão”, porque la petrolera Petrobras está en el ojo del huracán de la operación policial que fue el inicio de todo, que se llama “Lava-jato”, una palabra con la que se conocen los lavaderos automáticos de automóviles y que, como en la serie “Breaking Bad”, también se usaban para lavar dinero.

Otra serie por la que se han trazado paralelismos es el drama político “House of Cards”, pero en Brasil nadie duda que las maquinaciones de Eduardo Cunha dejan en pañales a las de su maquiavélico protagonista, Frank Underwood.

La “Lava-jato” ha elevado al juez Sérgio Moro a categoría de héroe nacional para los opositores, que son llamados de forma despectiva “coxinhas”, y a la de enemigo público número uno por parte de los “petralhas”, un término derivado del Partido de los Trabajadores (PT) nada cariñoso para los seguidores de Rousseff. El caso se ha tejido con una creciente red de “delações premiadas”, los acuerdos de colaboración con la justicia que han firmado 57 reos que posaron esposados ante las cámaras acompañados siempre de un policía ahora célebre, apodado el “japonês da Federal” por su ascendencia nipona. Los empresarios, que hablaban en clave en sus “negociatas”, pagaban cuantiosos “acarajés” o “pixulecos” en efectivo a los políticos que permitieron las corruptelas, con lo que se repitieron prácticas y también algunos protagonistas del “Mensalão”, el escándalo que puso de rodillas al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en 2005. Ahora las investigaciones han llegado hasta la mismísima Rousseff y a Lula, a quien indagan para aclarar si es dueño de un “tríplex”, un apartamento de tres pisos en la playa, y del “sítio de Atibaia”, una finca rural a nombre de amigos y donde el expresidente tenía hasta un par de “pedalinhos”, unos botes a pedal con forma de cisne. El cerco sobre Lula, que ha incluido “grampos” o escuchas telefónicas, aceleró la crisis y llevó a Rousseff a nombrarle ministro de la “Casa Civil”, la cartera más importante del Gobierno, con el supuesto objetivo de protegerle con el “fuero privilegiado” que está aparejado a ese cargo. Pero después de una guerra de “liminares” o decisiones cautelares en la Justicia, el Tribunal Supremo suspendió este nombramiento, aunque supuso el detonante para que los partidos aliados a Rousseff abandonasen el barco.

CACEROLAZOS

PROTESTAS. La crisis ha caldeado los ánimos en las calles, donde hubo “panelaços” o cacerolazos, y se vieron globos gigantes como el pato de goma con el que los industriales dicen que no van a “pagar el pato” de la crisis o el “Pixuleco”, un Lula vestido de presidiario, que enfadó a la izquierda al punto que un día fue apuñalado por un “petralha” infiltrado.

Los incondicionales de Dilma Rousseff acusan a los opositores de ser un bando de “reaças” (reaccionarios), la “elite blanca” que pretende acabar con los programas sociales, en especial con el “Bolsa Familia”, y del otro lado, se acusa a los izquierdistas de acudir a las manifestaciones -en las que corean incansables “Não vai ter golpe”- con el único incentivo de recibir a cambio un bocadillo de “mortadela”.

Si bien es verdad, la gran mayoría de los diputados que votaron sí al “impeachment” aludieron a “Dios” o a su “familia”, para decirle a Rousseff con alevosía “tchau, querida” (chao, querida), frase con la que se despidió Lula de forma cariñosa por teléfono y que, probablemente, se la dirán a coro los senadores en los próximos días.

La fiscalía denuncia a dos exministros de Rousseff

EFE
La Procuradoría General de Brasil (fiscalía) denunció ante el Tribunal Supremo a dos importantes exministros del gabinete de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, por su supuesta implicación en el caso de corrupción de Petrobras, informaron ayer fuentes oficiales.

En la nueva denuncia fueron acusados la actual senadora Gleisi Hoffmann, exministra de Presidencia, y su marido, Paulo Bernardo Silva, que fue titular de las carteras de Comunicaciones y de Planificación, ambos correligionarios de la jefa de Estado en el Partido de los Trabajadores (PT).
Hoffmann es una importante dirigente del PT y una de las más firmes defensoras de Rousseff en el Senado, cámara que votará en los próximos días sobre la apertura de un juicio político destituyente contra la jefa de Estado.

La acusación contra los exministros se basa en una denuncia formulada por dos condenados por el caso de corrupción en Petrobras, el cambista Alberto Youssef y el exejecutivo de la petrolera Paulo Roberto Costa, realizadas en el marco de sendos acuerdos de colaboración con la justicia.

LOS MONTOS

Según esas denuncias, Hoffmann recibió un millón de reales (cerca de 285,000 dólares) de la red enquistada en Petrobras para financiar sus gastos electorales en 2010.

El marido de Hoffmann, el entonces ministro Silva habría sido el encargado de solicitar el pago de los fondos procedentes de Petrobras a Paulo Roberto Costa. Los abogados de Hoffmann afirmaron, por medio de un comunicado citado por medios locales, que la acusación se basa en “especulaciones” y “no apunta cualquier acto concreto” cometido por parte de la senadora. En la jurisdicción del Tribunal Supremo actualmente están siendo investigados por el caso Petrobras cerca de medio centenar de políticos protegidos por el fuero privilegiado.

Además, en la Justicia convencional desde 2014 se han presentado acusaciones contra 207 empresarios, ejecutivos de Petrobras y políticos no aforados, de los que 111 han sido condenados.

COMPLEJA RED

Las investigaciones descubrieron una compleja red, por medio de la cual, las constructoras más importantes de Brasil crearon un cartel para repartirse las obras de Petrobras y para inflar el valor de esos contratos, con el fin de aumentar sus beneficios y pagar sobornos a los ejecutivos y políticos que permitieron el fraude.

Muere torturador de Dilma Rousseff

AFP
Un militar al que la presidenta brasileña Dilma Rousseff reconoció como uno de sus torturadores durante la dictadura (1964-1985) falleció en Sao Paulo, informó la prensa local.

La Comisión de la Verdad, que investigó durante casi tres años los crímenes cometidos por el régimen militar, acusó al capitán Homero César Machado de dirigir torturas contra la actual mandataria y otras tres personas. La fiscalía lo denunció en noviembre pasado junto a otros cuatro exagentes de la dictadura por la muerte del militante Virgilio Gomes da Silva, detenido en septiembre de 1969 y asesinado poco después.

La justicia nunca se pronunció sobre esa acusación, en virtud de una ley que data de 1979 y que amnistió a policías y militares que violaron los derechos humanos.

TENÍA 75 AÑOS

Machado murió el jueves a los 75 años, supuestamente de cáncer, y su cuerpo fue cremado el pasado viernes en Sao Paulo.

En una entrevista con el diario Folha de Sao Paulo en 2005, la entonces ministra Dilma Rousseff lo señaló como uno de sus torturadores cuando fue arrestada en 1970 por pertenecer a un grupo armado clandestino.

Rousseff contó que recibió golpes y choques eléctricos en pies, manos, muslos, orejas y un seno.

En la sesión en la que se aprobó hace casi tres semanas el impeachment contra Rousseff en la cámara de Diputados (ahora lo analiza el Senado), el legislador de extrema derecha Jair Bolsonaro homenajeó a otro torturador fallecido, el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, “el terror de Dilma Rousseff”.

Ustra fue el jefe del brazo represor armado en Sao Paulo entre 1970 y 1974 y se le atribuyen unas 70 muertes y desapariciones en esta ciudad, según datos de la comisión. Murió en octubre de 2015 a los 83 años.

“Creo que es lamentable (...), conocí a ese señor al que se refiere y que fue el mayor torturador de esa época y el responsable de muchos muertos”, declaró la presidenta días después respecto a las declaraciones de Bolsonaro.

Últimos Comentarios
blog comments powered by Disqus