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  • EFE

La mandataria brasileña, Dilma Rousseff, aceleró hoy la mudanza de las pertenencias personales que conservaba en el palacio presidencial, ante la previsible decisión del Senado que la puede suspender del cargo durante los próximos 180 días.

Según comprobó Efe, mientras la votación que puede instaurar el juicio político contra Rousseff avanzaba en el Senado, objetos de la mandataria, como cuadros o adornos que tenía en su despacho, fueron llevados hoy hacia el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial en la que se atrincherará durante el eventual proceso.

También han sido instaladas unas cercas en torno a la rampa que conduce desde la acera hasta el primer piso del Palacio de Planalto, en previsión de que mañana, una vez notificada de la decisión del Senado, Rousseff abandone la sede de la Presidencia, que ocupará el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea de sucesión.

Rousseff, junto a su jefe de Gabinete, Jaques Wagner, llegaron a asomarse a una de las ventanas del palacio y pasaron un tiempo observando esos preparativos.

La rampa cercada ahora con vallas de metal tiene una simbología importante en la política brasileña, pues es tradición que por ella suba un presidente que inicia su mandato, pero también que baje aquel que concluye su gestión.



Fuentes oficiales han dicho que en los últimos días ha habido algunas polémicas al respecto en el seno del Gobierno, ya que hay quien cree que Rousseff debería bajar por esa rampa mañana, aunque otros sostienen que eso transmitiría una imagen de derrota y fin de mandato.

Los defensores de esa última opción sostienen que Rousseff aún pudiera recuperar el poder si fuera absuelta en el juicio político que previsiblemente abrirá el Senado, que puede durar los 180 días en que inicialmente estaría suspendida de sus funciones.

En la sede del Senado, situada en la acera opuesta del Palacio de Planalto, el proceso de votación avanzaba con lentitud y todas las previsiones apuntaban a que concluirá entrada la madrugada de este jueves.

Unas diez horas después de iniciada la sesión, ya se configuraba una clara mayoría favorable a la instauración del juicio político, aunque distante aún de ser definitiva.

Hasta ese momento, 20 de los 24 senadores que ocuparon la tribuna habían declarado su inclinación a aprobar el juicio político.

No obstante, esa tendencia no podía ser considerada definitiva, pues el pleno del Senado tiene 81 miembros y es necesaria una mayoría simple de 41 votos que el proceso sea aprobado.

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