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El nuevo canciller brasileño, José Serra, afirmó que "subirá el tono" si fuera necesario para responder a las "falsedades" de quienes han criticado el proceso que suspendió a la presidenta Dilma Rousseff y llevó al poder a Michel Temer.

"Nuestra preocupación es esclarecer las mentiras que se han dicho sobre el proceso brasileño", pues "todo lo que ocurre" en Brasil "está previsto en la Constitución y la legalidad democrática", dijo Serra en declaraciones difundidas ayer por el canal de televisión Globo.

El nuevo canciller aludió así a las críticas expresadas por los Gobiernos de Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, que han criticado la separación de Rousseff de sus funciones para responder a un juicio con miras a su posible destitución, que algunos de esos han calificado de "golpe".

Cerén no reconoce

Ojalá este hecho político no haga mucho daño a Suramérica o a América Latina económicamente". Evo Morales, presidente de Bolivia 

El Ministerio de Relaciones Exteriores aún no ha comentado la decisión de El Salvador, cuyo presidente, Salvador Sánchez Cerén, anunció este sábado que "no reconoce al gobierno provisional" que encabeza Temer, hasta el pasado jueves vicepresidente de Rousseff.

Sánchez Cerén también informó que ha llamado a consultas a la embajadora salvadoreña en Brasil, Diana Marcela Vanegas, para analizar el proceso en curso en este país.

Venezuela consulta

La decisión de Sánchez Cerén siguió a la anunciada por el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, que también dijo que había pedido a su embajador en Brasil, Alberto Castellar, que regresara a Caracas para evaluar lo que considera un "golpe" contra Rousseff.

Fuentes de la cancillería brasileña, sin embargo, dijeron  ayer a Efe que Venezuela le informó a la embajada del país en Caracas que Castellar ya estaba en la capital venezolana para otros asuntos y que no ha sido llamado a consultas por Maduro. Serra, en sus primeros actos como canciller, emitió el viernes pasado dos duras notas en respuesta a las críticas que ha recibido la suspensión de Rousseff.

Una estuvo dirigida a los Gobiernos de Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, a los que acusó de "propagar falsedades" sobre el proceso político brasileño, del que dijo que "se desarrolla en un cuadro de absoluto respeto a las instituciones democráticas y a la Constitución".

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