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  • AFP

El gobierno venezolano se arroga amplias facultades para preservar la seguridad y garantizar el suministro de alimentos y energía, mediante un decreto de estado de excepción cuyo contenido fue difundido este lunes.

La medida, que entró en vigencia el pasado viernes por 60 días, autoriza al Ejecutivo a adoptar decisiones para asegurar a la población el "disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno" y disminuir los efectos de fenómenos climáticos que afectan la generación eléctrica y el acceso a los alimentos, señala el texto.

Entre las justificaciones, la ordenanza indica que la oposición pretende el "desconocimiento de todos los poderes públicos" y promueve la "interrupción del período" del presidente Nicolás Maduro, en alusión al referendo revocatorio que promueve en su contra.

El decreto ordena a la Fuerza Armada Bolivariana y demás órganos de seguridad "garantizar la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad".

Esto, en coordinación con los recién creados Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP), grupos de ciudadanos que se encargarán de la entrega directa de alimentos subsidiados -en grave escasez- para evitar que terminen en manos de contabandistas.

Maduro fue más allá en las facultades a esos colectivos, al atriburirles "funciones de vigilancia y organización", cojuntamente con la Fuerza Armada y la Policía, "para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía del país".

Esta medida en particular fue criticada por el reconocido activista de derechos humanos Marino Alvarado, quien sostuvo que "abre el camino para un enfrentamiento pueblo contra pueblo".

"Poner a civiles a ejercer control social promueve la violencia política porque estos grupos ahora están autorizados para reprimir el creciente descontento social", añadió.

El articulado también prevé definir rubros prioritarios para las compras del Estado y la "asignación directa de divisas", en fuerte sequía por el desplome de los precios del petróleo.

Para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, el gobernante socialista también queda facultado para ajustar la jornada laboral en el sector privado, y no solo en el público, donde ésta se redujo a dos días a la semana, hasta el 27 de mayo, para ahorrar energía.

El gobierno ya aplica un plan de racionamiento de cuatro horas diarias en casi todo el país.

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