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Venezuela podría convertirse en cuestión de días en el primer país al que se le aplica la Carta Democrática Interamericana en contra de la voluntad de su Gobierno, en los 15 años de historia de este instrumento, cuya última consecuencia es la suspensión de su pertenencia a la OEA.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, decidirá en los próximos días si da un paso que ninguno de sus predecesores se atrevió a dar: someter a examen, de los 34 países miembros, el estado de la democracia en una nación sin la solicitud o aprobación de su Gobierno.

Para invocar la Carta, Almagro debe recurrir al artículo 20, que autoriza al secretario general o a cualquier Estado miembro a pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización "se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático".

El Consejo, donde cada embajador tiene un voto, decidirá si existe esa "alteración" por mayoría (18), una consideración que es puramente política, según explicó a la prensa recientemente uno de los redactores de la Carta, el actual secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi.

  • Si Almagro da el paso, será la primera vez que se produzca este choque entre la OEA y el Gobierno de un Estado miembro en los 15 años de historia de la Carta.

Si considera que ese es el caso, el Consejo puede aprobar distintas medidas, entre ellas las gestiones diplomáticas para "promover la normalización de la institucionalidad democrática".

ASAMBLEA

De fracasar estas, o si el caso es urgente, el Consejo puede convocar de inmediato una Asamblea General extraordinaria, para lo cual son  necesarios dos tercios de los votos de los embajadores.

En esa Asamblea, que puede volver a intentar las gestiones diplomáticas, dos tercios de los cancilleres pueden suspender la pertenencia del Estado en la organización, si estiman que "se ha producido la ruptura del orden democrático", de nuevo una consideración política.

"La aplicación de la Carta Democrática es, en definitiva, una decisión de tipo político. Ese debate ya no es jurídico, está sujeto a una 'apreciación colectiva' de los Estados, es decir, es una decisión política", precisó Arrighi.

No obstante, la Carta establece (artículos 3-6) los "elementos esenciales" de la democracia representativa: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la celebración de elecciones periódicas; libres y justas, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos.

Hasta ahora se ha recurrido a la Carta en contadas ocasiones y siempre ha sido porque el propio Estado ha pedido la asistencia de la organización (artículo 17) o porque un grupo de Estados ofrecieron ayuda a un tercero y este lo aceptó (artículo 18).

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