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  • EFE

El sistema de Naciones Unidas en Bolivia felicitó hoy a las instituciones del país por la promulgación de la Ley de Identidad de Género, que permitirá a las personas transexuales y transgénero cambiar el nombre y género en sus documentos de identificación legal.

Esta medida, según indicó la ONU en un comunicado, coloca a Bolivia "en la vanguardia de la legislación internacional, pues en todo el mundo, solo 41 países cuentan con normas similares, entre ellos Uruguay, Panamá y Argentina".

El Senado boliviano sancionó la semana pasada la nueva legislación, impulsada por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y que recibió votos a favor de las tres bancadas parlamentarias, aunque ninguno de los partidos la apoyó unánimemente.

La institución multilateral destacó que otros países de la región, como Chile y Cuba, "están en camino de dotarse de esta ley", mientras que en Ecuador los fallos del Defensor del Pueblo al respecto son vinculantes, y en Colombia también hubo sentencias vinculantes de la Corte Constitucional.

"Este cambio permite a las personas transexuales y transgénero el ejercicio de sus derechos fundamentales como el voto, la educación, la salud, el empleo y la vivienda, entre otros", señala la nota de la ONU.

El organismo subraya que la declaración efectuada por todas sus agencias en septiembre de 2015 y denominada "Acabar con la violencia y la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales" es "un llamado a la acción para combatir la violencia homofóbica y transfóbica, así como la discriminación y los abusos".

Además, el sistema de Naciones Unidas en el país andino reitera su llamada a "reforzar el compromiso y protección de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, como lo expresa el carácter universal de la Declaración de los Derechos Humanos".

La institución, agrega el comunicado, "se compromete a brindar apoyo al Estado y otras partes interesadas en hacer frente a los retos que implica la implementación de la Ley, el fortalecimiento de las instituciones nacionales y la educación, la formación y otras iniciativas dirigidas a respetar, proteger, promover y hacer realidad los derechos humanos" de este colectivo.

Tras la aprobación de la norma en el Senado el pasado 20 de mayo, el director de la asociación privada Capacitación y Derechos Ciudadanos, el abogado Martín Vidaurre, destacó a Efe que con esta iniciativa se normaliza "un derecho humano que no estaba reconocido para el colectivo, el derecho a la personalidad y la identidad jurídica".

Por contra, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) rechazó en un comunicado la aprobación de la ley y criticó que "no ha merecido el debate público, el consenso necesario y la divulgación".

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