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El gobernador del estado de Massachusetts, Charlie Baker, anunció la semana reciente que a partir del mes de junio la policía estatal de este estado queda facultada para detener a conductores migrantes que conduzcan sin ningún tipo de documento que los haga estar a derecho en el país.

El mandatario hizo el anuncio para revertir una medida de protección que su sucesor; el exgobernador demócrata Deval Patrick había dictado a favor de los migrantes indocumentados, a quienes les permitía conducir por el estado de Massachusetts, sin el temor a que la policía estatal les requiriera los respectivos documentos para verificar su estatus migratorio en el país.

Este anuncio del mandatario republicano ha caído como balde de agua fría a todos los indocumentados que residen en el estado, ya que en su mayoría tienen que conducir a diario largas distancias para llegar a sus centros de trabajo. 

Según la administración de Baker, esta medida vendrá a reducir la criminalidad en el estado, pues va dirigida hacia los delincuentes migrantes de alta “peligrosidad”. Pero organizaciones promigrantes han señalado la medida como “dañina”, porque afectará a las familias migrantes hispanas que no han cometido delito.

Hay quienes han comparado la nueva orden del gobernador Baker con el controversial programa Comunidades Seguras, un programa que el gobierno federal creó en 2008 para limpiar las ciudades de criminales indocumentados, regresándolos a sus países de origen.

Esta ley fue suspendida en 2015, por las constantes quejas que organizaciones promigrantes a nivel nacional hicieron sobre agentes de migración, quienes supuestamente aprovechaban el programa para intimidar y deportar a migrantes sin ningún tipo de delito criminal.

Deportados sin antecedentes 

En Massachusetts, la organización que defiende los derechos de los migrantes y refugiados en el estado (MIRA, por sus siglas en inglés) destacó en sus estadísticas que el programa Comunidades Seguras, más del 50 por ciento de las personas deportadas del estado en ese entonces fueron indocumentados que no tenían antecedentes penales.

El alcalde de Boston, Martin Walsh, en declaraciones a la prensa, contradijo a su homologo Baker y afirmó a la comunidades migrantes que radican en la ciudad, que no permitirá que la policía bostoniana se convierta en agentes de migración.

Destacó, además, que continuarán cooperando con el gobierno federal con los casos que ameritan ser reportados, pero que la municipalidad no se prestará a perjudicar a las familias que no han cometido ningún delito.

Con esta nueva medida, la administración de Baker le da total autorización a la policía estatal para solicitar documentos a las personas que hayan cometido una infracción menor como saltarse un alto. Además, en detener a cualquier inmigrante que se tenga sospecha de ser indocumentado. 

La forma como la policía estatal actuará una vez verifique que la persona carece de documentos para estar a derecho en el país, es que enviarán al indocumentado a prisión por un periodo de 48 horas. En ese periodo, pasarán la información a las autoridades migratorias para evaluar su respectiva deportación.

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