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  • EFE

El Departamento de Justicia de Puerto Rico dijo hoy "respetar" pero también "discrepar" de la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de que los tribunales de la isla no pueden juzgar a una persona que ya haya sido procesada por los mismos delitos a nivel federal.

El secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, junto a la procuradora general, Margarita Mercado Echegaray, lamentó en un comunicado la recién anunciada opinión sobre el caso Puerto Rico contra Sánchez Valle, que ratifica la decisión previa del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Según explicó Miranda, la decisión del Supremo federal significa que en el ámbito limitado de doble exposición, Puerto Rico no tiene autoridad para procesar a un individuo luego de que la Fiscalía federal lo haya procesado por los mismos hechos delictivos.

"La decisión de la Corte Suprema tiene un impacto limitado en el procesamiento criminal, puesto que solo impide un procesamiento sucesivo cuando el delito local y el federal contengan los mismos elementos; cuando se trate del mismo delito", apuntó.

Así, añadió, "cuando el delito local y el federal sean distintos, no hay impedimento para el procesamiento criminal en ambas jurisdicciones".

Además, advirtió que "la decisión opera de igual modo para limitar la autoridad de la Fiscalía federal de procesar a un transgresor de la ley luego de que el individuo haya estado expuesto al procesamiento en los tribunales locales".

"Es decir, el procesamiento criminal en los tribunales locales impedirá que las autoridades federales procesen a un sospechoso de cometer un delito federal por los mismos hechos", aclaró.

En cualquier caso, reconoció que esta decisión también tiene "otras implicaciones" y dijo que "toca ahora a las autoridades de Puerto Rico, a su clase política, perfilar el derrotero a seguir en torno al futuro y la orientación jurídica y política de la relación con los Estados Unidos".

La decisión del Supremo supone un nuevo varapalo para quienes defienden la autonomía de Puerto Rico ya que viene a insistir en que su soberanía reside en Washington y que la última fuente de poder sobre la isla es el Congreso estadounidense.

"Esta corte concluyó a principios del siglo XX que los territorios de EE.UU., incluida la incipiente Puerto Rico, no tienen una soberanía diferente a la de Estados Unidos", dictaminó el Supremo, sentando así los límites en materia de soberanía de Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado de EE.UU.

De esta forma, con seis votos a favor y dos en contra, el Tribunal Supremo determinó que la última fuente de poder judicial de la isla es el Congreso estadounidense, a pesar de que Puerto Rico aprobó en 1952 su propia Constitución y elabora sus propias leyes.

"Dicho de forma simple, el Congreso confirió la autoridad para crear la Constitución de Puerto Rico, que a cambio da autoridad para presentar cargos criminales. Eso convierte al Congreso en la fuente original de poder para los fiscales de Puerto Rico, como lo es para el Gobierno federal", afirma la sentencia.

"Respetamos" la decisión de la Corte Suprema federal y "reiteramos el compromiso del Departamento de Justicia de defender y ejercer la autoridad del ELA (Estado Libre Asociado) para procesar a aquellos que atentan contra la seguridad y el bienestar de todos y todas las puertorriqueñas", dijo Miranda. 

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