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  • EFE

El Gobierno boliviano planteó este viernes en la inauguración de una reunión para analizar reformas en la Justicia que se debata la aplicación de la cadena perpetua a los violadores de menores en casos que terminen con la muerte de las víctimas.

El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, hizo la propuesta en el encuentro, que reúne entre hoy y mañana a diversas autoridades y dirigentes de sectores sociales en Sucre (sureste) para estudiar los cambios que necesita el sistema judicial.

"Estamos poniendo en consideración de esta gran cumbre que se debata y discuta la cadena perpetua para la violación de niños y niñas con muerte. No podemos ser indolentes", dijo García Linera.

Agregó que los bolivianos serían indignos si dejan que continúe la violación de menores y por eso propone una medida "dura y fuerte" para "impedir que se repita este tipo de crimen infernal".

Actualmente, la máxima pena en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto, que se aplica en casos de asesinatos, feminicidios y traición a la Patria.

En el último tiempo varios casos de infanticidios y violaciones contra menores han consternado en Bolivia, país que tiene altos niveles de violencia física contra la mujer y es el segundo después de Haití en violencia sexual, según datos de Naciones Unidas.

Según estadísticas de 2014, que son las últimas anuales difundidas por la Defensoría del Pueblo, ese año se registraron al menos 73 infanticidios, de los que 60 corresponden a menores de cinco años, además de 326 denuncias de abuso sexual contra niños.

García Linera señaló como males de la Justicia boliviana la dilación en los procesos, el hecho de que solo quienes tienen dinero ganan juicios, la subasta de sentencias y la formación de "consorcios mafiosos" de jueces, fiscales y abogados a cambio de dinero.

El vicepresidente planteó como soluciones la reestructuración de los órganos del Poder Judicial, la suma de condenas por diferentes delitos, la profesionalización de policías de investigación y el uso de agentes encubiertos en la lucha contra la corrupción.

Además, propuso que los vídeos se consideren prueba plena en casos de corrupción, inhabilitar como abogados a jueces descubiertos en actos corruptos y aplicar el sistema electrónico para los procesos y penas duplicadas o triplicadas para delincuentes que reincidan.

También defendió que se mantenga la elección en las urnas de los magistrados como ya se hizo en 2010, aunque dijo que debe corregirse el error cometido entonces de no garantizar que los mejores abogados sean preseleccionados como candidatos a los cargos judiciales.

En su exposición, García Linera sostuvo que no es cierto que el Gobierno controle el Poder Judicial como señala la oposición y puso como ejemplo un caso de supuesto terrorismo y secesión territorial que data de 2009 y que lleva siete años tratándose sin terminar.

"Si la Justicia hubiera dependido del Ejecutivo yo les garantizo que en seis meses ese juicio hubiera acabado con todos con 30 años en la cárcel", aseguró el vicepresidente.

En ese caso la fiscalía acusó a varios dirigentes opositores autonomistas de haber ayudado a una supuesta célula terrorista formada por el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, el rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Martin Dwyer, el húngaro Elöd Tóásó y el croata-boliviano Mario Tadic.

Rozsa, Magyarosi y Dwyer murieron en un operativo policial en 2009, mientras que Tóásó y Tadic cumplieron en 2015 una condena de casi seis años de prisión por alzamiento armado. 

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