AFP
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La oposición venezolana dio un nuevo paso para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, pero deberá moverse entre dos amenazas: una demanda de "fraude" por irregularidades en el recaudo de firmas y la suspensión del proceso ante eventuales hechos de violencia.

 

Tras una semana de protestas y de convulsión social por la agravada escasez de alimentos, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció a la prensa que la validación de rúbricas para activar el referendo se realizará del 20 al 24 de junio.

Pero poco después de ese anuncio, el oficialismo dijo que el lunes denunciará por "fraude" la recolección de firmas ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de ser el brazo jurídico del Gobierno.

"Vamos a la Sala Constitucional (del TSJ) para denunciar este delito contra la Constitución", dijo Jorge Rodríguez, delegado por Maduro para supervisar el proceso que busca sacarlo del poder.

Según Rodríguez, durante el recaudo hubo una serie de irregularidades que configuran un "fraude", como la inclusión de rúbricas de personas fallecidas, menores de edad e inhabilitados políticamente.

En caso de violencia

Al exigir al oficialismo y la oposición "respeto a la integridad" del CNE, Lucena también lanzó una advertencia.

"Cualquier agresión, alteración, o generación de violencia conllevará a la suspensión inmediata del proceso hasta que se restablezca el orden", dijo la titular del CNE.

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