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México finalizó este sábado la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y abre una nueva etapa en la que enfrenta como mayores retos el cambio de mentalidad de los ciudadanos y las carencias en la formación de los funcionarios.

El término de la implementación en los estados de Baja California, Tlaxcala y Oaxaca ha puesto el broche al proceso de puesta en marcha del nuevo sistema, que entre otros aspectos garantiza la presunción de inocencia y está basado en los juicios orales.

El Poder Legislativo se apuró hasta casi el último momento para aprobar las leyes de justicia penal para adolescentes, de ejecución penal y las reformas a la ley contra la delincuencia organizada, complementarias al sistema y que fueron publicadas la tarde del jueves en el Diario Oficial de la Federación.

Así, finaliza esta primera etapa que comenzó en 2008, y que dio un margen de ocho años para que se realizaran las modificaciones correspondientes a nivel estatal y federal.

Ya no hay excepciones: el sistema, formalmente, ya está operando al 100 %. Sin embargo, "en la práctica podemos decir que está en el punto de arranque", explica a Efe la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), María de los Ángeles Fromow.

Ahora comienza la "consolidación y perfección", dado que "es un cambio de paradigma muy importante en nuestro país, de 180 grados en la forma de procurar y administrar justicia", asegura.

El anterior sistema inquisitivo o mixto no respetaba la presunción de inocencia y tenía como epicentro el concepto de castigo, por lo que las nuevas vías alternativas de justicia implican que los ciudadanos realicen un cambio de mentalidad.

"La gente tiene que entender que no todo es cárcel, que hay mecanismos por los que se puede solventar la resolución a través de un acuerdo y reparación del daño", considera Fromow.

Aunque se han realizado numerosos cursos de formación para el funcionariado, estos no han llegado a todos los lugares necesarios, porque "no todos los policías en las entidades federativas y en los municipios fueron capacitados", señala a Efe Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

"En torno al 50 % de los policías estatales y municipales" -precisa- no han sido familiarizados con el nuevo sistema y con lo que tendrían que hacer en la escena de los hechos.

Esto conlleva ciertos riesgos, dado que el nuevo sistema es mucho más riguroso con la validez de las pruebas y su debida custodia.

Otros "focos rojos" que subraya el investigador son el mal funcionamiento del sistema penitenciario y la "falta de capacidad de investigación científica de las procuradurías".

"No hemos desarrollado servicios periciales, forenses de buen nivel que puedan aportar lo que se llama la prueba técnica, la prueba propiamente científica para no depender solo de testigos", explica Carbonell.

La nueva normativa, que viene acompañada de una inversión de 20.000 millones de pesos (1.063 millones de dólares) sólo a nivel federal, pondrá freno al excesivo uso de la prisión, lo que conlleva, a su vez, un considerable ahorro en las cuentas públicas.

En la norteña región de Baja California este tipo de encarcelamiento ha bajado del 47 % al 29 %, y las cifras son similares en Nuevo León y Morelos.

Como promedio, un proceso del anterior sistema costaba unos 15.198 pesos (unos 809 dólares), y ahora se ha reducido hasta los 1.566 pesos (83 dólares).

La forma en la que se percibirá un verdadero avance en la justicia será si aumentan las tasas de denuncia, ya que actualmente los crímenes que quedan en desconocimiento de las autoridades rondan el 93 %, resalta Carbonell.

También se notará en la celeridad de los procesos -agilizados gracias a los procedimientos abreviados- y en el número de investigaciones que queden resueltas.

Antes se concluían un 14 %, ahora un 22 %, lo cual es un avance, aunque todavía no es una cifra "óptima", matiza el investigador.

Pese a todo, el sistema inquisitivo podría tardar entre tres y cinco años en desaparecer completamente, dado que los procedimientos abiertos antes de la puesta en marcha del nuevo sistema seguirán sujetos a la normativa previa.

"Se está buscando cómo podemos aplicar cuestiones del sistema nuevo al anterior, para agotar mucho más fácilmente este volumen considerable que tenemos de asuntos del sistema mixto", apunta al respecto Fromow, mencionando rasgos potencialmente aplicables como la mediación y conciliación en "asuntos que no deberían haber sido llevados a juicios". 

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