•   Río de Janeiro, Brasil  |
  •  |
  •  |
  • Edición Impresa

La situación de calamidad pública decretada en Río de Janeiro, a mes y medio de las Olimpiadas, ha destapado el agujero del Estado y ha acentuado la preocupación de organizaciones civiles sobre los riesgos que los recortes pueden suponer para celebración de los Juegos.

Amenazado por la quiebra, el Gobierno de Río de Janeiro declaró el viernes el estado de calamidad pública en sus finanzas como estrategia para cumplir sus compromisos con los Juegos Olímpicos, que serán inaugurados el próximo 5 de agosto.

El objetivo, lograr fondos para concluir las obras olímpicas y adoptar medidas excepcionales, como la obtención de préstamos y la firma de contratos sin concurso público.

Tras la declaración, el estado de Río podría conseguir hasta 3,000 millones de reales (unos 840 millones de dólares) de fondos federales, según medios locales, para avanzar en los proyectos inconclusos, como la nueva línea de metro que debe llegar hasta el Parque Olímpico o el pago de las horas extras de los policías que garantizarán la seguridad durante el evento.

Aunque puede aliviar la presión sobre el estado de Río, el decreto no resuelve el problema y el gobernador interino, Francisco Dornelles, ha reconocido que “se tomarán medidas duras”.

INSUFICIENTES

De hecho, para la Federación de las Industrias de Río de Janeiro (Firjan), la declaración de estado de calamidad se antoja insuficiente y ya ha señalado que tal medida necesita ser “complementada” con un amplio programa de venta de activos por parte del Gobierno regional, así como por una reestructuración de las cuentas públicas.

Los problemas económicos se suman a otras luces rojas -como el zika, la inseguridad o la contaminación de las aguas donde se desarrollarán algunas pruebas olímpicas- que han provocado incluso que algunos sectores pongan en duda la conveniencia de celebrar los Juegos de Río 2016.

La reacción de organizaciones civiles que vienen denunciando las deficiencias en los preparativos de las Olimpiadas, no se ha hecho esperar.

Para Amnistía Internacional, la actual crisis podría “agravar aún más” la situación en las áreas de salud y seguridad, y advirtió que la celebración de grandes eventos deportivos no puede llevarse a cabo “a costa de la supresión de derechos”.

De acuerdo con esta organización, contrariamente a la medida anunciada por Dornelles, lo que el estado fluminense “necesita” es una mayor inversión.

Últimos Comentarios
blog comments powered by Disqus