•   Brasilia, Brasil  |
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  • EFE

El juicio de destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, podría resolverse a fines de agosto, junto con el cierre de los Juegos Olímpicos, según un nuevo cronograma aprobado este miércoles por el Senado.

De acuerdo con el nuevo plan de trabajo definido por los senadores -que aún puede sufrir alteraciones- la votación final para decidir si Rousseff debe perder el cargo podría ocurrir en torno al 22 de agosto, un día después del cierre de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro (5 al 21 de agosto).

Rousseff fue suspendida de sus funciones el 12 de mayo y está siendo juzgada por el Senado por presunta manipulación de las cuentas públicas en 2014, año de su reelección, y a inicios de 2015.

El proceso fue abierto el pasado diciembre y, tras recorrer un largo camino por ambas cámaras del Congreso, se encuentra en la fase de instrucción: recolección de pruebas, presentación de testimonios y otras diligencias por parte de una comisión especial del Senado, que es asesorada por el presidente de la Corte Suprema.

Esta comisión pretende concluir sus trabajos el 4 de agosto, cuando elaborará una recomendación que someterá luego al plenario de la Cámara alta.

Una vez allí, esa recomendación deberá cosechar en el plenario de 81 senadores al menos 41 votos (mayoría simple) para avanzar, en una votación prevista para el 9 de agosto.

De aprobarse un parecer en favor de la continuidad del proceso, en un plazo de por lo menos diez días deberá agendarse la fecha del "juicio final", una votación que determinará si la mandataria es destituida definitivamente de su cargo, para lo que necesita una mayoría especial de 54 votos (dos tercios), o el caso es archivado.

Esa votación final -cuya fecha exacta será definida en su momento por el presidente de la Corte Suprema- podría ocurrir en torno al 22 de agosto, teniendo en cuenta los plazos previstos por la ley.

En la etapa actual del proceso está previsto que Rousseff sea interrogada por la comisión especial la semana próxima, pero la mandataria puede no comparecer y ser representada por su abogado, algo que todavía no ha sido definido.

Mientras sus detractores la acusan de violar la Constitución mediante el manejo irregular de las cuentas públicas, Rousseff sostiene que el proceso de impeachment es un "golpe" orquestado por sus opositores y exaliados de centro-derecha para hacerse del poder sin ir a las urnas.

Si los senadores deciden la destitución de Rousseff, su vicepresidente -y exaliado- Michel Temer completará el mandato hasta el 31 de diciembre de 2018.

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