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Un magistrado de la Corte Suprema de Brasil revocó ayer la orden de detención dictada contra el exministro Paulo Bernardo Silva, ordenada la semana pasada por un tribunal de primera instancia en el marco de una investigación sobre corrupción.

Silva fue ministro de Planificación en el Gobierno de Luiz Ignácio Lula da Silva y también ocupó la cartera de Comunicaciones durante la gestión de Dilma Rousseff, sustituida desde el pasado 12 de mayo por su entonces vicepresidente Michel Temer por motivo del juicio político al que es sometida.

La semana pasada, fue detenido en el marco de una investigación sobre millonarios fraudes con créditos que la banca estatal ofrece a los empleados y jubilados del sector público, que también salpica a otros dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula y al que también pertenece Rousseff.

El juez José Antonio Dias Toffoli, uno de los once miembros del Supremo, consideró en la decisión adoptada ayer que la detención de Silva se basó en "fundamentos frágiles" y que fue realizada con un "flagrante constreñimiento ilegal".

Dias Toffoli indicó que, el tribunal a cargo del caso, no logró demostrar que Silva estuviera obstruyendo la acción de la Justicia, que fue uno de los argumentos que llevaron a su detención.

Ecuador advierte

Por otro lado el ministro de Exteriores de Ecuador, Guillaume Long, anunció ayer que su país "evaluará" las relaciones con Brasil en caso de que la presidenta Dilma 

Rousseff sea definitivamente apartada del poder a través de un proceso de destitución. "Las relaciones bilaterales se mantienen por el momento tal cual y esperaremos al resultado del "impeachment" (proceso de destitución). Una vez lo conozcamos evaluaremos las relaciones diplomáticas", dijo Long en una rueda de prensa durante su visita de tres días a varias instituciones del sistema de Naciones Unidas.

"Nosotros entendemos que la presidenta Dilma Rousseff es la presidenta constitucional de Brasil hasta que sea formalmente destituida", afirmó.

El canciller recordó que cuando comenzó el proceso de destitución, Quito pidió a su embajador que abandonara Brasil en protesta por lo que sucedía, y que esa plaza ahora está vacante.

Agregó que Rousseff no ha sido acusada formalmente de ningún cargo de corrupción, sino que se le imputan cargos administrativos.

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