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  • AFP

Las autoridades electorales de Venezuela deben anunciar a partir de este martes si la oposición logró activar el referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, confrontado al malestar popular por la aguda crisis económica.

La oposición espera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirme que reunió las 200,000 rúbricas que echarán a andar el referendo, y abra la segunda etapa: la recolección de cuatro millones de firmas requeridas para convocar la consulta.

"Es un proceso largo y complejo, pero creo que el referendo no tiene regreso, porque es un sentir nacional. ¿Cómo evolucione? Depende de las autoridades", declaró a la AFP la sicóloga social Mercedes Pulido.

Para que la consulta sea este año, la oposición debe lograr que el CNE fije pronto la fecha de inicio de la recolección de firmas, para lo cual presionará el miércoles con una movilización ante la sede del organismo en Caracas.

En esa segunda etapa, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tendrá tres días para recoger las rúbricas. Luego, el CNE se tomará 15 días hábiles para contabilizarlas y tres meses más para organizar la consulta.

En una larga cola para comprar alimentos, Édgar García, un técnico electrónico de 48 años, dijo el lunes estar listo para firmar.

"El revocatorio es una oportunidad y hay que aprovecharla", afirma, advirtiendo que Maduro "hará lo que pueda para impedirlo", pues si se somete a la voluntad popular "sabe que saldrá con las tablas en la cabeza (derrotado)".

La MUD -que acusa al CNE de servir al chavismo- quiere que el referendo se haga antes del 10 de enero de 2017, pues si Maduro pierde habrá elecciones. Pero si ocurre después de esa fecha, el mandato que finaliza en 2019 lo completará su vicepresidente.

Maduro descarta que sea en 2016, pues asegura que la MUD inició tarde los trámites y debe enfrentar una demanda por fraude en la recolección de firmas interpuesta por él.

Más de 8.000 recursos legales fueron presentados por el chavismo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Fiscalía, también acusados por la MUD de servir al gobierno.

Riesgo de conflicto social

Para revocar a Maduro se necesitan más de los 7,5 millones de sufragios con los que fue elegido en 2013.

Según la firma Venebarómetro, 73,4% de los venezolanos reprueba su gestión y 64% de los electores votaría por sacarlo del poder, en medio de la severa crisis económica.

"Si el CNE retrasa arbitrariamente el proceso aumentará la conflictividad social", dijo a AFP el constitucionalista José Ignacio Hernández, quien estima que los lapsos legales alcanzan para que la consulta se realice a más tardar a inicios de enero.

Casi todos los días de mayo y junio hubo protestas por falta de comida. La gente está agobiada por la inseguridad, la escasez de alimentos y medicinas, y la inflación más alta del mundo: 180,9% en 2015 y proyectada por el FMI en 720% para 2016.

Maduro sostiene que la crisis se debe a la caída de los precios del petróleo y a una "guerra económica" de la derecha para derrocarlo.

Elizabeth, conserje de 50 años de un edificio de Caracas, es escéptica. "¿De qué sirve? Así haya revocatorio, así llegue el que llegue, se va a demorar mucho en componer este país", dice.

¿El diálogo es la salida?

Para Pulido, la salida al "descontento y el caos es la negociación", aunque por ahora es incierto un diálogo.

Una comisión de expresidentes promueve, a instancias de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), conversaciones entre gobierno y oposición.

La semana pasada se dio un primer paso cuando el oficialismo aceptó -como pedía la MUD- que el Vaticano participe en la mediación, aunque el nuncio apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, declaró este martes que "hasta ahora no tenemos una invitación formal".

El referendo sigue siendo la piedra en el zapato para un acercamiento.

"El pueblo les va a volver a dar una paliza, eso lo sabe el gobierno, por eso buscan dilatar el revocatorio con el llamado al diálogo", afirmó el líder opositor Henrique Capriles.

La oposición dice que sin avances en el referendo no se sentará a negociar, y el gobierno afirma que si el tema se pone sobre la mesa será para abordar el "fraude".

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