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El secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, reconoció ayer que en Turquía se necesitaba "limpiar" las instituciones oficiales tras el fallido golpe de Estado.

Jagland es el primer responsable europeo que apoya a Ankara en su purga masiva. Recordó no obstante la necesidad de respetar el Estado de derecho, mientras las autoridades turcas llevan a cabo una caza de brujas entre los partidarios del predicador Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos y acusado de haber instigado el levantamiento. "Reconozco que por supuesto era necesario luchar contra aquellos que estuvieron detrás del golpe de Estado y también contra esta red secreta, infiltrada en las instituciones del Estado, el ejército y también la justicia", dijo Jagland en alusión a los seguidores de Gülen después de reunirse en Ankara con el jefe de la diplomacia turca, Mevlut Cavusoglu.

Estas declaraciones contrastan con las críticas de varios responsables europeos en relación con las purgas masivas que Ankara está aplicando al ejército, la justicia, la educación y la prensa, que han provocado casi 10,000 detenciones y 50,000 despidos.

"Querría decir que ha habido demasiado poca comprensión de la parte de Europa respecto a los desafíos que esto (el fallido golpe de Estado) ha creado en las instituciones democráticas y el Estado (en) Turquía", dijo el secretario general del Consejo de Europa.

"Fuimos informados de esto (las redes de Gülen) desde hace mucho tiempo. Entonces por supuesto que vemos la necesidad de limpiarlo todo", añadió Jagland, quien se reunirá con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y después con su primer ministro Binali Yildirim.

Pero "también es muy importante que esto se haga conforme al Estado de derecho y las normas de la Convención Europea de los derechos humanos", advirtió.

Esta menciona "principios muy importantes según los cuales cualquier persona es inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad", insistió.

Después del fallido golpe de Estado del 15 de julio, Turquía decretó un estado de emergencia de tres meses y suspendió temporalmente su adhesión a la Convención Europea de los derechos humanos, alegando que Francia hizo lo mismo tras los atentados en París de noviembre de 2015.

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