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El juicio de destitución de la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, quedó ayer a solo dos pasos de concluir, tras la aprobación de un informe que pide avanzar en el proceso que puede despojarla de su mandato a fines de este mes.

El informe que acusa a Rousseff de haber "atentado contra la Constitución" fue aprobado por 14 votos a favor y 5 en contra en la última sesión de una comisión de senadores que fue responsable de la instrucción de un proceso que ahora pasará al pleno del Senado, que tendrá la última palabra.

El presidente de la comisión, Raimundo Lira, se abstuvo de votar, pese a que manifestó su opinión favorable al informe del instructor, Antonio Anastasia, quien consideró a Rousseff culpable de diversos delitos relacionados con la gestión de los presupuestos.

La votación supuso también la conclusión de los trabajos de ese colegiado, que durante casi tres meses escuchó a 39 testigos de la defensa y apenas cuatro de la parte acusadora y cuyo informe final será remitido al pleno del Senado, que se reunirá para una primera votación el próximo martes.

ÚLTIMA SESIÓN

Si el informe aprobado por la comisión fuera respaldado por una mayoría simple de 41 votos entre los 81 posibles, el pleno del Senado será convocado para una última y definitiva sesión por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandoski.

Según los plazos legales del proceso, esa última sesión deberá realizarse a fines de este mes y se calcula que pudiera durar entre tres y cinco días, debido a que habrá espacio para debates y para la presentación de testigos de la acusación y la parte acusadora.

En esa definitiva instancia, Rousseff será despojada del cargo en caso de que así lo decida una mayoría calificada de 54 votos, que representan dos tercios de la Cámara alta.

Rousseff está suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, cuando se instauró el juicio político en el que se le acusa de irregularidades en el manejo de los presupuestos, la contratación de créditos para el gobierno con la banca pública y la emisión de decretos que alteraron los gastos sin autorización del Congreso.

Desde esa fecha, su cargo lo ocupa en forma interina su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer, a quien la mandataria acusa de haber orquestado "un golpe" y que completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de su destitución.

Rousseff, según fuentes de su entorno dijeron a Efe, asistió por televisión a la votación de ayer con unos pocos miembros del equipo que continúa con ella en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de la presidencia que aún ocupa.

En los últimos días, la mandataria no ha sido vista en público y tampoco se ha reunido con miembros del Partido de los Trabajadores (PT), que la llevó al poder y del que parece haberse distanciado.

"Calamidad olímpica"

RECHAZO.  Diversos movimientos sociales han convocado para este viernes a una protesta en Río de Janeiro, coincidiendo con la inauguración de los Juegos Olímpicos, para mostrar su rechazo contra lo que consideran una "calamidad olímpica".

La marcha fue convocada en la orla de la playa de Copacabana unas horas antes de la ceremonia inaugural, a la que asistirá el presidente interino de Brasil, Michel Temer, quien sustituye a la mandataria Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo para responder a un juicio político.

Temer también es uno de los centros de la protesta, en cuya convocatoria se pide la salida del jefe de Estado interino, quien concluirá el mandato que concluye el 1 de enero de 2019 si Rousseff finalmente es destituida por el Senado, que ayer dio un paso más en esa dirección.

La comisión de senadores que se ocupó de instruir el proceso aprobó ayer un informe que pide avanzar hacia la destitución de Rousseff, con lo cual el juicio político pasa a manos del pleno del Senado, que decidirá el futuro de la mandataria en dos votaciones que concluirán a fines de este mes.

"El presidente ilegítimo Michel Temer ha realizado un paquete absurdo de retirada de derechos, cortes y gastos públicos, cambios en la jubilación y en la legislación laboral", señala el manifiesto difundido por las redes sociales.

En una convocatoria paralela, otros internautas piden que Temer y el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, sean abucheados durante la inauguración, lo que ya sucedió en 2014 durante el primer partido del Mundial de Futbol de Brasil con Rousseff.

Los movimientos sociales han expresado abiertamente su rechazo a los Juegos Olímpicos y argumentan que Río de Janeiro, golpeada fuertemente por la crisis económica, vive una "calamidad olímpica".

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