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  • AFP

Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunirán este jueves en la ciudad venezolana de Puerto Ordaz (este), donde se espera que anuncien la reapertura de la frontera binacional, cerrada desde hace casi un año.

El encuentro fue anunciado la semana pasada por las cancilleres Delcy Rodríguez (Venezuela) y María Ángela Holguín (Colombia) como el escenario en que Maduro y Santos definirán la normalización de los pasos limítrofes.

Unas 14 citas de comisiones binacionales antecedieron a esta cumbre presidencial.

En esos encuentros se discutieron aspectos migratorios, comerciales y de seguridad en el territorio de 2.219 km, afectado por el contrabando y bandas criminales ligadas al narcotráfico, según las autoridades.

Funcionarios del gobierno venezolano dijeron a la AFP que la reunión entre Maduro y Santos se celebrará en el Club Macagua de la calurosa Puerto Ordaz (estado Bolívar).

Se espera una declaración conjunta para el final de la jornada sobre el cronograma de reapertura de los pasos fronterizos, que se espera sea progresiva.

"Vamos a hacer una apertura paulatina de la frontera, los presidentes tomarán la decisión una vez se reúnan", había dicho Holguín el pasado jueves en Caracas.

Acuerdos migratorios y de seguridad

Maduro ordenó el cierre de la frontera el 19 de agosto de 2015 tras un ataque de supuestos paramilitares colombianos contra una patrulla militar venezolana, que dejó tres heridos. En ese entonces también declaró el estado de excepción.

Inicialmente fue clausurado el paso por el estado Táchira, pero la medida se extendió luego a los demás corredores fronterizos.

En la reunión de cancilleres de la semana pasada se resolvió la creación de una cédula de identidad especial para los residentes de la frontera, así como un aumento de los controles de seguridad, en el marco de la lucha conjunta contra el contrabando de gasolina, el tráfico de drogas y el crimen organizado.

Otro encuentro entre autoridades policiales y militares tuvo lugar el martes pasado en la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira, fronteriza con la colombiana Cúcuta.

Allí se creó una instancia de cooperación contra el crimen organizado y se acordó un nuevo esquema aduanero.

El llamado Centro Binacional contra el Crimen Organizado se formalizó como resultado de un acuerdo alcanzado en junio por los ministros de Defensa Vladimir Padrino López (Venezuela) y Luis Carlos Villegas (Colombia).

La cooperación en seguridad había quedado en suspenso tras la medida de cierre.

Con miras a la reapertura, los dos países también pactaron la instalación de gasolineras venezolanas en el lado colombiano.

Sobre esos expendios, la canciller Rodríguez explicó que fue un planteamiento de su gobierno y consiste en vender la nafta venezolana -la más barata del mundo- en pesos colombianos.

El cierre produjo crispación

El cierre de la frontera crispó las relaciones bilaterales, tras la deportación y éxodo de miles de colombianos por parte de las autoridades del país vecino.

Según cifras de Naciones Unidas citadas en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 21 de agosto al 9 de septiembre de 2015 un total de 1.482 colombianos indocumentados fueron deportados, mientras que 19.952 retornaron por miedo a ser expulsados.

También salieron debido a que, por su condición migratoria, ya nos les vendían alimentos y sufrían "discriminación y persecución" por parte de autoridades, de acuerdo con el reporte.

La CIDH denunció en esa oportunidad una crisis humanitaria y violaciones de derechos de los deportados, lo que fue rechazado por Caracas.

El pasado 5 de julio, unas 500 venezolanas forzaron el cruce de la frontera para comprar alimentos y productos básicos, en grave escasez en su país.

Tras ese episodio, las autoridades venezolanas autorizaron el paso tres veces más, lo cual fue aprovechado por decenas de miles de personas para aprovisionarse, especialmente en Cúcuta.

La patronal Fedecámaras asegura que el cierre de los corredores limítrofes ocasionó la quiebra de muchos comercios venezolanos fronterizos, con la pérdida de al menos 15.000 empleos.

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