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  • EFE

Un juzgado de Alicante (este) dictó auto de procesamiento contra cuarenta personas por su presunta pertenencia o relación con la organización criminal Mara Salvatrucha 13, originaria de El Salvador.

Según informaron fuentes judiciales, la jueza considera que existen indicios de la comisión de los delitos de intento de asesinato, tráfico de drogas mediante organización delictiva, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales, lesiones y amenazas.

De los 40 encausados, 36 serían miembros activos o colaboradores directos de esta banda latina, mientras que los otros 4 estarían relacionados únicamente con el tráfico de drogas.

Tres de ellos, los que serían líderes del grupo en Alicante, permanecen en prisión provisional desde su detención en 2014, precisaron las fuentes.

Entre los procesados están los presuntos cabecillas de esta banda latina asentada en la población de Ibi (Alicante), Madrid, Gerona y Barcelona.

Según consta en la resolución, la jueza considera que existen indicios para relacionar a los encausados con esta "organización criminal, de origen trasnacional, que forma parte de la Mara Salvatrucha, a nivel mundial, con conexiones en El Salvador, Guatemala, Estados Unidos y otros países".

Según la resolución judicial, esta banda tiene un "marcado carácter violento y sus miembros, la mayoría de origen latino, lo dan todo por la Mara, financiándose con las cuotas que satisfacen y con el dinero que reciben desde el extranjero para establecer negocios legales, así como mediante el tráfico de drogas".

Los encausados se habían organizado en "clicas", grupos más o menos numerosos y asentados en un lugar geográfico, repartidas en diferentes ciudades de España.

La de Alicante, bautizada como "Big Crazy", tendría la intención de aglutinar a las de Madrid, Barcelona o Gerona, entre otras ciudades, para crear "a imagen y semejanza de la Mara salvadoreña", el "Programa España", un plan que expandiera la organización en España, con las normas que venían directamente de El Salvador.

Según el auto de procesamiento, el grupo se habría nutrido económicamente con el pago de una cuota de sus componentes, quienes llegaban a delinquir para hacer frente a la misma.

Desde la dirección de la Mara en El Salvador se enviaron 10.000 dólares para financiar las primeras actividades de la banda en España.

La intención era montar un negocio legal para blanquear capitales de procedencia delictiva, ofrecer un contrato de trabajo a miembros presos y facilitar la llegada de nuevos mareros de América Central mediante un contrato laboral.

Además, el grupo de la costa española habría creado una red de transporte, almacenamiento y distribución de marihuana y cocaína, que contaba con diversos proveedores.

En diciembre de 2013 la banda instauró un programa de apoyo a los miembros en prisión, mediante el que se planificaría la introducción en las cárceles de sustancias estupefacientes aprovechando las visitas.

Los integrantes de esta banda mantuvieron varias peleas con un grupo de ciudadanos rumanos por el control del territorio y planificaron matar a uno de ellos, aunque el asesinato no se llegó a realizar porque las dos personas encargadas de ejecutarlo fueron detenidas por la Guardia Civil española.

Por la competencia con bandas rivales, la Mara en España poseía armas de fuego a disposición de todos sus miembros.

El juzgado fija para los encausados, que han sido citados a declarar entre el 20 y 23 de septiembre, fianzas que oscilan entre los 3.000 y los 40.000 euros (unos 3.330 y 44.400 dólares al cambio actual) para cubrir las posibles responsabilidades civiles. 

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