EFE
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Más de 620 altos oficiales y agentes han sido separados de la Policía de Honduras como parte de un proceso de depuración de la institución iniciado en abril pasado, informó ayer la comisión encargada de ese proceso.

Desde que inició operaciones en abril, la Comisión de Reestructuración y Reforma de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional de Honduras ha evaluado a 1,515 oficiales, de estos, 628 han sido dados de baja, lo que representa el 41.4% del total, según un informe de ese comité presentado hoy en Tegucigalpa.

El 1% (14) del total de oficiales evaluados están suspendidos del cargo, mientras que el 2.4% (36) se han retirado de manera voluntaria de la institución, señala el documento presentado por Omar Rivera, representante de la sociedad civil en la comisión depuradora de la Policía nombrada por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

Señala además que solo tres de los nueve generales de la Policía evaluados fueron ratificados: el director del organismo de seguridad, Félix Villanueva; el subdirector general, Quintín Juárez, y el director de Operaciones, Organización y Adiestramiento de la institución, Héctor Iván Mejía.

De acuerdo al informe, del total de policías evaluados, el 1.8% (27) continúan bajo investigación, aunque no detalla por cuáles delitos, en tanto el 53.4% (810) han sido incorporados a la nueva estructura orgánica de la Policía hondureña. 

El presidente Hernández aceleró el proceso de depuración de la Policía, que inició en 2011 pero sin los resultados esperados, tras la denuncia del diario hondureño El Heraldo y The New York Times, en abril, sobre oficiales y otros agentes de la Policía que habrían participado en el crimen en 2009 del zar antidrogas Julián Arístides González y el exasesor antidrogas Alfredo Landaverde, en 2011.

Según las publicaciones, la muerte de González fue supuestamente planificada por la cúpula de la Policía y otros cargos a petición de un narcotraficante hondureño.

La comisión encargada de la depuración policial indicó que ha pedido al Ministerio Público que investigue penalmente a más de 500 oficiales, incluidos tres generales, y agentes de escala básica (rango menor) de ese organismo de seguridad.

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