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  • AFP

El principal sospechoso del asesinato de un viceministro, secuestrado y luego linchado por mineros que cortaron rutas en agosto pasado, fue capturado por la policía, informó el sábado el gobierno boliviano.

El detenido, Ever Jhonny Carvajal Peláez, "fue quien golpeó con un palo y agredió persistentemente al viceministro (Rodolfo) Illanes", dijo el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, en conferencia de prensa en Santa Cruz (900 km al este de La Paz), donde permaneció oculto el presunto asesino.

Illanes, quien fue al encuentro de piqueteros para parlamentar en un violento conflicto de mineros agrupados en cooperativas, fue torturado inmisericordemente hasta morir.

Las investigaciones apuntan a "establecer quién secuestró, apaleó, torturó y asesinó" a Illanes. "El debate de fondo es indagar cómo le dieron muerte y (luego) sancionar a esas personas con todo el peso de la ley", sostuvo Romero ante críticas de la oposición que puso en duda el accionar de la policía.

Según las pesquisas, Carvajal "tiene antecedentes criminales de atraco y robo de minerales en (el centro minero andino de) Huanuni y es consumidor de drogas prontuariado".

Un comunicado del Ministerio de Gobierno añadió que el imputado "se hizo de un chaleco antibalas que se encontraba en el vehículo de la autoridad" y que luego fue quemado en la carretera. Otro "dirigente cooperativista Josué Caricari se apoderó de un arma de fuego", agregó.

El viceministro fue muerto a fines de agosto por mineros con los que había ido a dialogar en busca de una solución a un conflicto que había conducido a la ocupación de rutas y disturbios.

En el marco de la investigación judicial del caso, una docena de dirigentes mineros están detenidos preventivamente en cárceles de La Paz, bajo el cargo de "asesinato, robo agravado, organización criminal y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado".

El conflicto se originó porque los mineros cuestionan una norma que permite la creación de sindicatos dentro de las cooperativas, pero el gobierno argumenta que en realidad intentaban obtener autorización para alquilar sus concesiones mineras a empresas privadas o extranjeras, lo que está expresamente prohibido por la Constitución.

Tras los incidentes, unos 31 contratos de cooperativas con empresas privadas estaban en curso de ser anuladas.

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