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  • AFP

Actualmente suspendido, el programa de combate contra el cambio climático del presidente estadounidense Barack Obama se juega el futuro ante la justicia este martes en Washington, durante una audiencia excepcional.

Para Obama se trata de la supervivencia de su plan insignia en la lucha contra los gases de efecto invernadero, que espera mostrar como un ejemplo de su gestión al término de dos mandatos en la Casa Blanca.

El 9 de febrero, la Corte Suprema bloqueó la aplicación del "Clean Power Plan", un proyecto para el uso de energía limpia, lanzando una sombra sobre el acuerdo internacional de París COP21 firmado en diciembre de 2015 y suscitando preocupaciones a nivel global.

Los nueve jueces del máximo tribunal estadounidense no se pronunciaron sobre el fondo de tema, dejando esta tarea a la Corte federal de apelaciones de Washington, que este martes tratará el asunto.

Para esta audiencia excepcional, la flor y nata de la magistratura estadounidense está convocada.

Diez jueces en total escucharán los argumentos de varios abogados que harán un resumen de lo más emblemático que ofrece Estados Unidos en las relaciones entre la política, lo judicial y los poderosos grupos de interés que presionan en el Capitolio.

Decenas de miles de millones de dólares están en juego y la decisión final recaerá en el tipo de electricidad que recibirán los hogares estadounidenses en el siglo XXI, amenazado por los cambios climáticos.

De un lado, están los opositores al Clean Power Plan (CPP): 27 estados mayoritariamente republicanos, empresas que explotan carbón y los proveedores de electricidad, al igual que una larga lista de congresistas republicanos.

Juntos enfrentan el plan de Obama, elaborado por la Agencia de protección del medio ambiente (EPA), que impone a las centrales térmicas una reducción del 32% de sus emisiones de CO2 de aquí a 2030, en relación a 2005.

Una pelea difícil

Los detractores del CPP y de la EPA afirman que las exigencias ambientales del gobierno son muy costosas, en términos financieros y de empleo para sus regiones habituadas a vivir de la producción y el consumo de energías fósiles.

También acusan a la administración federal de abusar de sus facultades, al sostener que la producción y distribución de energías son asunto de los Estados y no de Washington.

En el otro campo, está el gobierno demócrata apoyado por poco más de una docena de grandes Estados y de diversas organizaciones defensoras del medio ambiente.

La disputa se anticipa intensa, con un resultado difícil de prever. Entre los diez jueces que se reúnen este martes, seis fueron nombrados por los demócratas y cuatro por los republicanos, pero obviamente podrían votar con independencia del partido que los designó.

Ante la importancia de lo que está en juego, algunos expertos esperan que el plan climático de Obama regrese a manos de la Corte Suprema.

Pero, luego del revés que sufrió en esta instancia el presidente a inicios de febrero, uno de los jueces falleció. La muerte de Antonin Scalia, que no ha sido reemplazado, deja a la alta corte dividida entre cuatro jueces conservadores y cuatro progresistas.

En otras palabras, el máximo tribunal podría quedar bloqueado.

En caso de empate cuatro contra cuatro, las normas indican que la sentencia en un tribunal inferior se mantenga, por lo que la decisión de la corte federal de apelaciones es clave.

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