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  • EFE

La Justicia peruana abrió hoy el proceso penal contra 35 exoficiales y exsuboficiales de la Marina de Guerra por la matanza ocurrida hace 30 años de 133 presos por terrorismo, que se amotinaron en el penal El Frontón, en una isla frente a Lima.

El 18 de junio de 1986, varios penales de Lima fueron sacudidos por un motín de presos por terrorismo y el entonces presidente Alan García (1985-1990) ordenó a las Fuerzas Armadas recuperar el control y rescatar a los custodios tomados como rehenes.

El penal El Frontón estaba construido en una de las pequeñas islas frente a Lima y destinado para los presos de mayor peligrosidad, en el cual fueron internados decenas de detenidos por su presunta militancia en la banda armada Sendero Luminoso.

De acuerdo a la acusación presentada por la fiscal Luz Ibáñez, al día siguiente, cuando el motín ya había sido debelado por la Marina de Guerra y concluido el enfrentamiento con los internos, se produjeron ejecuciones extrajudiciales de los presos rendidos.

Ibáñez explicó en la audiencia que se juzgan los homicidios calificados que se cometieron "con los internos que salieron rendidos, algunos fueron puestos en el suelo y a algunos se les indicó que corrieran hacia el mar y se les disparó por la espalda, de manera artera, a otros les dispararon en la nuca, y a otros los asesinaron en los baños con bala, cuchillo y bayoneta".

Los amotinados "salieron con las manos en alto, portando una bandera blanca, se habían rendido y las Fuerzas Armadas tenían la obligación de respetar sus vidas", expresó la fiscal.

Por estos hechos, la acusación pide entre 30 y 25 años de cárcel para seis exoficiales de la Marina y 29 exsuboficiales que participaron en el operativo.

Ibáñez precisó que los hechos constituyen una violación a los derechos humanos y una grave violación al derecho internacional "por haber rematado a personas vencidas y en detención".

Precisamente, el proceso responde a un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de identificación y sanción a los responsables por las ejecuciones extrajudiciales en ese motín, tras revisar el caso de dos de los internos muertos en esa fecha.

La fiscal agregó que resulta improcedente el pedido hecho hoy por la procuradora de la Marina de Guerra, Nelly Agreda, de archivar el caso porque esa arma considera que cumplió una orden del expresidente García y porque también hubo efectivos militares muertos en el enfrentamiento.

Agreda rechazó las imputaciones del delito de homicidio calificado y añadió que se trató de un amotinamiento originado por los internos, en el cual la Marina tuvo a su cargo el restablecimiento del orden.

La presidenta del Colegiado B de la Sala Penal Nacional, Beatriz Pérez, le dio la palabra a una decena de abogados que representan a los exmilitares acusados y a los deudos de las víctimas para que opinen sobre la acusación fiscal.

Uno de los abogados de los exmilitares, Sergio Tapia, afirmó que los cargos han prescrito y que la CorteIDH ha rechazado el delito de violación a los derechos humanos en otros casos similares, al pedir que se archive la acusación.

Por su parte, la defensa de los deudos solicitó extender la acusación al exmandatario García y los altos jefes militares de entonces como presuntos responsables políticos de la matanza.

Asimismo, el abogado Alfredo Crespo planteó que se califiquen los hechos como un genocidio ordenado por el Estado peruano contra los militantes de Sendero y rechazó la acusación formulada por Ibáñez al considerar que se quiere ocultar a los responsables políticos.

Crespo es también abogado del fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, condenado a cadena perpetua por terrorismo y cuya excarcelación es pedida por varias organizaciones simpatizantes que piden una amnistía general para los acusados durante el conflicto interno (1980-2000).

En la audiencia, varios de los letrados que representan a las familias de las víctimas pidieron garantías para que no se remuevan los restos enterrados en un mausoleo levantado en el cementerio del distrito de Comas.

Hace unos días, la prensa local reveló que una asociación de familiares de senderistas muertos en El Frontón enterró a ocho de ellos en un mausoleo construido, aparentemente en forma clandestina, en Comas, lo cual generó el rechazo de su alcalde y del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski.

La municipalidad de Comas ha anunciado la demolición del mausoleo, mientras que la Procuraduría antiterrorismo presentó una denuncia para acusar de apología del terrorismo a los responsables de su construcción.

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