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El Gobierno británico afronta a partir de hoy un proceso en el Tribunal Superior que puede obligarle a someter a votación en el Parlamento la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) antes de activar la desconexión con el bloque comunitario.

En dos vistas previstas para hoy y el próximo lunes, varios ciudadanos británicos, incluida una iniciativa financiada a través de internet bautizada como "People's Challenge" ("El reto del pueblo") desafiarán la postura del Ejecutivo británico respecto al "brexit".

El Gobierno de la primera ministra, Theresa May, considera que tras el referéndum del 23 de junio tiene potestad para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que activa la cuenta atrás de dos años para dejar la UE.

Los ciudadanos que han recurrido a la Justicia consideran, en cambio, que el poder Ejecutivo debe consultar a las cámaras parlamentarias antes de modificar el estatus internacional del Reino Unido.

El fiscal general para Inglaterra y Gales, Jeremy Wright, que defenderá la postura del Gobierno ante el juez, ha sostenido que "el país votó a favor de abandonar la Unión Europea en un referéndum aprobado por el Parlamento".

"No deben producirse intentos para seguir en la Unión Europea ni intentos de volverse a unir por la puerta de atrás ni un segundo referéndum. No creemos que este caso tenga sustento legal. El resultado del referéndum debe ser respetado", afirmó.

Gina Miller, empresaria británica, que ha contratado a un bufete de abogados para abrir el proceso contra el Gobierno, afirmó que la iniciativa trata de acabar con "un entorno legal en el que la prerrogativa real (del Ejecutivo) puede pasar por encima del Parlamento, y retirar o difuminar derechos".

Otra de las iniciativas ciudadanas que el Tribunal Superior evaluará a partir de mañana está liderada por Grahame Pigney, británico afincado en Francia que junto con el gibraltareño Paul Cartwright organizó una campaña "online" para recaudar fondos y sufragar los gastos del proceso legal.

"Fue el Parlamento quien garantizó ciertos derechos, y debe ser el Parlamento el que decida cuándo, cómo y bajo qué circunstancias nos son retirados", señalo el británico.

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