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  • AFP

Los pobladores de una aldea minera de Bolivia frustraron la detención del sospechoso de ser el "principal autor material" del linchamiento del viceministro Rodolfo Illanes en agosto, informó este sábado un funcionario.

El minero Juan Arapaya, "principal autor material de este horrendo crimen", logró escapar de una operación policial el miércoles en Viloco, en los Andes bolivianos, "porque en esta comunidad los ciudadanos lo pusieron en buen recaudo y por el contrario agredieron a la Policía", dijo el viceministro de Interior, Pedro Villa.

En la acción, tres mineros resultaron heridos con balines de goma, indicó Villa, quien agregó que "no puede ser que los ciudadanos en esta comunidad estén protegiendo a presuntos asesinos". Otros once mineros son buscados por el mismo crimen, que conmovió al país.

Illanes acudió a dialogar con mineros agrupados en cooperativas en agosto para superar un conflicto que había provocado el corte de rutas, pero fue secuestrado por sus interlocutores y torturado hasta morir.

Desde septiembre está detenido otro sospechoso, Ever Jhonny Carvajal Peláez, "quien golpeó con un palo y agredió persistentemente al viceministro Illanes", según el Ministerio de Gobierno (Interior).

Los investigadores intentan "establecer quién secuestró, apaleó, torturó y asesinó" a Illanes. "El debate de fondo es indagar cómo le dieron muerte y sancionar a esas personas con todo el peso de la ley", planteó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

La justicia boliviana investiga también la muerte a balazos de cinco piqueteros, entre ellos un familiar de Arapaya, por lo que tomó declaraciones a casi un centenar de policías, entre estos al jefe policial que encabezaba las operaciones en la carretera cuando Illanes fue secuestrado.

En el marco de esta investigación, una docena de dirigentes mineros están detenidos preventivamente desde agosto en La Paz, bajo cargos de "asesinato, robo agravado, organización criminal y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado".

El conflicto se originó porque los mineros cuestionan una norma que permite la creación de sindicatos dentro de las cooperativas, pero el gobierno de Evo Morales argumenta que en realidad intentaban obtener autorización para alquilar sus concesiones mineras a empresas privadas o extranjeras, lo que está expresamente prohibido por la Constitución.

Tras los incidentes, una treintena de contratos de cooperativas con empresas privadas están en curso de ser anulados.

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