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  • AFP

La oposición venezolana planteó este viernes "una resistencia pacífica" en su empeño de cambiar al gobierno y tomar el poder, tras quedar prácticamente anulada la posibilidad de celebrar un referendo contra el presidente Nicolás Maduro.

"El gobierno quiere la violencia o la sumisión. Nuestra respuesta va a ser de coraje cívico, la resistencia pacífica. Un país en dictadura debe luchar de manera denodada para que haya voto", declaró el portavoz de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, en un receso de sus reuniones de urgencia.

La coalición -casi desarmada- anunciará a las 21H00 GMT su estrategia tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de postergar el recaudo de cuatro millones de firmas (20% del padrón de votantes), previsto entre el 26 al 28 de octubre, como último paso para la convocatoria al referendo.

El CNE, al que la oposición acusa de aliado del gobierno al igual que la justicia, justificó la decisión de paralizar el referendo acatando el fallo de tribunales penales de cinco Estados que anuló por "fraude" una primera recolección de firmas del 1% del padrón electoral.

La MUD estaba segura de superar holgadamente el 20% de firmas exigido, en medio de un creciente malestar popular por la grave crisis económica que azota al país petrolero, con una aguda escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el FMI calcula en 475% este año.

El presidente socialista, elegido en abril de 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez y cuyo mandato concluye en enero de 2019, enfrenta una impopularidad del 76,5% y el 62,3% votaría por revocarlo, según la firma Datanálisis.

"Un escenario muy peligroso"

"El gobierno empuja a un escenario muy peligroso y de aumento de la crisis", advirtió el excandidato presidencial Henrique Capriles, contra quien un tribunal dictó prohibición de salida del país, al igual que a Torrealba y a otros seis opositores, acusados del supuesto fraude.

El CNE había adelantado que, aún si se reunían el 20% de rúbricas, el referendo se haría en febrero o marzo de 2017. Demasiado tarde para la oposición, ya que en ese caso, según la Constitución, el presidente revocado cede el poder a su vicepresidente, sin llamado a nuevas elecciones.

Pero la oposición estaba confiada en que una masiva presión ciudadana por el referendo obligaría al CNE a realizarlo este año y lograr así elecciones anticipadas. "No podrán posponer el cambio que el país reclama", agregó Torrealba.

Para el constitucionalista José Vicente Haro "el referendo era una válvula de escape". "Cuando se cierra las vías institucionales se promueve la violencia y mayor conflictividad política", afirmó.

"La suspensión del referendo aumenta los riesgos de protestas de desestabilización en Venezuela", que pueden "degenerar en violencia" y represión militar, opinó Diego Moya-Ocampos, analista del IHS Markit Country Risk, con sede en Londres.

La gran duda sigue siendo qué margen de acción tiene la MUD, dado que las marchas por el referendo han tenido tímida participación, con excepción del pasado 1 de septiembre, cuando aseguran haber reunido un millón de personas.

Grupos de estudiantes de dos universidades se manifestaron este viernes contra la decisión del CNE, sin mayores incidentes.

La crisis en una nueva fase

Desde un inicio, el oficialismo había advertido que cerraría el paso al referendo y hace meses interpuso 8.600 acciones legales contra la recolección del 1% aduciendo que la MUD incluyó firmas de fallecidos, menores de edad y convictos.

En la sede del CNE, Jorge Rodríguez, encargado por Maduro para defenderlo en el proceso, reiteró este viernes a la prensa que el referendo "murió al nacer" porque cometieron el "peor fraude de la historia de Venezuela".

Analistas hicieron notar que la decisiones electoral y judicial se anunciaron cuando Maduro partía a una gira por Medio Oriente y que fueron simultáneos los fallos de los tribunales penales que anularon el recaudo de firmas en cinco Estados gobernados por el oficialismo.

Destacaron que tan solo tres días antes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había ordenado que la recolección cumpliera con el 20% del padrón en cada estado -no a nivel nacional-, con lo que al quedar anulada en cinco Estados invalidaba todo el proceso.

"Entramos en una nueva fase, que se aleja más de la democracia integral, la negociación y el respeto institucional", aseguró Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.

Para el analista Benigno Alarcón, el gobierno optó por una "peligrosa maniobra de aislamiento y cierre político", pues perdió su "competivitidad electoral" tras la muerte de Chávez y sin recursos. De hecho, los comicios de gobernadores que debían hacerse a fines de 2016 fueron pospuestas para 2017.

"La dictadura pura y dura se puede imponer desde los sectores más radicales del régimen. Si la oposición no juega duro hoy, no habrá retroceso", advirtió.

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