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El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, llamó a una rebelión popular y a la presión internacional al denunciar un "golpe de estado" del Gobierno, tras la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

En una tensa sesión este domingo, brevemente suspendida por la irrupción de grupos chavistas en el hemiciclo, la Asamblea Nacional declaró en su resolución final "una ruptura del orden constitucional" cometido "por el régimen" de Maduro.

En ese sentido, acordó "convocar al pueblo de Venezuela a la defensa activa" de la Carta Magna "hasta lograr la restitución del orden constitucional" y "solicitar a la comunidad internacional la activación de mecanismos" para el retorno de la "democracia".

El acuerdo exige también a la Fuerza Armada "no obedecer o ejecutar ningún acto contrario a la Constitución".

Aunque el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, había señalado que se abordaría la posible apertura de un "juicio político" contra Maduro, el tema no fue discutido.

No obstante, los diputados convocaron a una sesión el martes para evaluar "la situación constitucional del presidente", a quien acusan de tener doble nacionalidad, (venezolana y colombiana), lo que lo inhabilitaría para ejercer el cargo.

El Parlamento también decidió "proceder de manera inmediata" al reemplazo de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a los que la oposición acusa de ser aliados del Gobierno.

Al considerar la resolución como un "intento chimbo (engañoso) de copiar el golpe de estado en Brasil", el jefe de la bancada del oficialismo, Héctor Rodríguez, recordó que la Asamblea fue declarada en desacato por el TSJ hace dos meses y todos sus actos son considerados nulos.

Golpe

Uno tras otro los diputados opositores denunciaron la existencia de una "dictadura".

"El pueblo tiene derecho a la rebelión (...) En Venezuela se ha dado un golpe de estado continuado, que tuvo su culminación al robarle el voto del referendo", dijo el jefe de la bancada opositora, Julio Borges.

"¿Cómo dicen ustedes que en Venezuela hay dictadura si ustedes lograron ganar unas elecciones?", cuestionó la diputada oficialista Tania Díaz, al calificar la sesión de "reality show".

Los legisladores oficialistas acusaron a su vez a los opositores de buscar dar un golpe de estado.

"No traten de aprovechar coyunturas difíciles para acabar con la patria", dijo el diputado Earle Herrera.

"No constituye para nada desestabilización o golpe de estado promover un revocatorio (...) son recursos que están en la Constitución", respondió Ramos Allup, al cerrar la sesión.

De gira por Medio Oriente, donde intenta acuerdos para mejorar el precio del petróleo, Maduro hizo desde Arabia Saudita un enlace a través de la televisión oficial en el que dijo estar atento a sus "responsabilidades constitucionales al frente del Estado y del Gobierno".

Rodríguez llevó un mensaje del mandatario: "Diles que les doy un saludo y un abrazo, y que los espero en la mesa de diálogo", refirió.

Alta tensión

La irrupción de los grupos chavistas en el hemiciclo fue controlada por los diputados oficialistas y la Guardia Nacional. Un par de personas sufrieron lesiones leves que fueron tratadas en la enfermería de la Asamblea.

La suspensión del referendo aumentó aún más la tensión política en el país petrolero, que además enfrenta una profunda crisis económica, con severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el FMI calcula en 475% para 2016.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que arrasó en los comicios legislativos de diciembre pasado y controla el Parlamento por primera vez en 17 años de hegemonía chavista, asegura que la solución a la crisis es la salida del poder de Maduro, cuya impopularidad es del 76.5% según la firma Datanálisis.

La MUD convocó a una protesta nacional el próximo miércoles, después de que el CNE postergara hasta nuevo aviso la recolección de cuatro millones de firmas necesarias (20% del padrón de votantes), último paso antes de la consulta.

El CNE paralizó el proceso argumentando que acataba fallos judiciales que anularon por supuesto fraude un primer recaudo de firmas en cinco Estados, en el inicio del proceso.

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