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El conservador Mariano Rajoy retoma esta semana las riendas de España en medio de un contexto complicado de crisis independentista en Cataluña y la necesidad de reformas de fondo muy difíciles de implementar por un gobierno sin mayoría.

Nombrado oficialmente este domingo por un decreto real como presidente del gobierno tras haber sido investido con mayoría simple la noche del sábado por el Parlamento, Rajoy, de 61 años, anunciará el jueves la composición de su gabinete para su segundo mandato.

Su nuevo equipo no presentará mayores sorpresas, asegura a la AFP un alto dirigente de su partido, quien considera probable no obstante la salida del controversial ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, acusado de intentar incriminar a adversarios independentistas catalanes.

El gabinete debe ponerse sin demora a trabajar para recuperar el tiempo perdido durante diez meses de parálisis que mantuvo a España bajo un gobierno en funciones, sobre todo para aprobar el presupuesto del Estado que normalmente el Parlamento discute a partir de septiembre.

La Comisión Europea ha pedido a España aclarar cómo planea reducir su déficit público a 3,1% del PIB tal y como se comprometió a hacer para 2017, una baja que pasaría por recortes de 5.500 millones de euros, rechazados por la izquierda, o alzas de impuestos, sobre todo sobre las sociedades, resistidas por los círculos económicos.

Rajoy podría aprobarlo en parte gracias al apoyo de los 137 diputados de su Partido Popular (PP, derecha) y los 32 de Ciudadanos (centroderecha), dispuestos a negociar.

Sin embargo, como lo señala el editorialista José María Marco del diario de derecha La Razón, para las grandes reformas "es indispensable el acuerdo en nuestro país entre el PSOE (Partido Socialista) y el PP".

"El gran problema de España se llama Cataluña", estima el profesor de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, quien estuvo en las listas de Podemos (izquierda radical), al señalar que se éste se calentará en primavera, toda vez que el gobierno independentista catalán prometió preparar las leyes que permitan "la desconexión" de la región de 7,5 millones de habitantes.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha amenazado con un referendo unilateral de autodeterminación para septiembre de 2017 si Madrid rechaza negociar.

"Mientras (la cuestión catalana) no se resuelva vamos a tener un lío fundamental", señala Pérez Royo, al destacar que este tema divide a la izquierda española, al punto de que hizo imposible un gobierno alternativo a Rajoy.

Podemos se ha dicho favorable a un referendo, mientras que el PSOE se opone.

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"Los nacionalismos siguen siendo la clave del gobierno", indica el sociólogo Narciso Michavila, quién ha asesorado a Rajoy: desde 2008, los nacionalistas (vascos y catalanes) dejaron de apoyar gobiernos tanto de izquierda como de derecha.

TEMAS URGEN

La Constitución española, que los socialistas buscan reformar para avanzar hacia el federalismo para solucionar las aspiraciones catalanas, es difícil de cambiar: sólo dos reformas se han producido desde que fue promulgada en 1978.

Hace falta el apoyo de dos tercios de los diputados y "una reforma constitucional no se va a poner en marcha tal y como está el patio (la situación)", según Pérez Royo.

Para los grandes temas de Estado, a Rajoy le será difícil conseguir un interlocutor fiable en el PSOE, desgarrado por una crisis interna tras la revuelta que se saldó con la partida de su secretario general Pedro Sánchez el 1 de octubre.

Quedan otros temas urgentes y complejos, como la financiación desigual de las 17 regiones españolas, lo que irrita, por ejemplo, a los catalanes.

La educación también es prioritaria, en un país donde la mala formación es en parte responsable del alto desempleo (18,9%), el segundo más alto de la Unión Europea luego de Grecia, así como el financiamiento de las pensiones, cada vez más complicado por el envejecimiento de la población.

"Queda mucha tarea por delante", reconoció el propio Rajoy en un tuit, prometiendo "diálogo y entendimiento".

Pese a todo, Mariano Rajoy conserva el poder de disolver el Parlamento, lo que puede hacer a partir de mayo. Con este poder, podrá presionar al PSOE, ya que este partido en crisis querrá evitar nuevas elecciones rápidas, antes de haberse reconstruido para no exponerse a un nuevo retroceso electoral.

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