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  • AFP

Una polémica colonia se está convirtiendo en un rompecabezas difícil de resolver para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de que la justicia rechazara el lunes aplazar su demolición, mientras parte de su gobierno se rebeló contra él para salvarla.

El Tribunal Supremo rechazó este lunes una solicitud del gobierno para aplazar varios meses la demolición de la colonia de Amona, en la Cisjordania ocupada, y mantuvo el 25 de diciembre como fecha límite.

Amona tendrá que desaparecer antes del 25 de diciembre de 2016, mantuvo la corte, como ya lo había decretado en diciembre de 2014. Después de varios informes, el tribunal reiteró al gobierno que no podía actuar por su lado y que las decisiones de la corte no eran "una recomendación o una opción".

Amona, con sus casi 300 habitantes, se ha convertido en el centro de una feroz batalla política y está poniendo a prueba la cohesión del gobierno. Una parte del gobierno decidió oponerse al primer ministro para mantener la colonia allí donde se instaló en los años 1990.

El destino de este asentamiento, situado no lejos de Ramala, es observado de cerca por la comunidad internacional.

La comunidad internacional considera todas las colonias, es decir, las implantaciones civiles israelíes en los territorios ocupados, como ilegales. Israel rechaza esta posición para la mayoría de sus colonias, donde viven unos 400.000 israelíes.

Pero Amona es uno de los llamados "asentamientos salvajes", que incluso Israel considera ilegal, según las leyes que las autoridades israelíes aplican en Cisjordania.

Desde hace meses, el importante lobby de la colonización lucha para salvar la polémica colonia. Dentro del gobierno, los ministros del partido nacionalista y religioso Hogar judío son los que lideran el combate.

Polémico proyecto de ley

El domingo, consiguieron poner de su parte a varios ministros del Likud, el partido de Netanyahu. Adoptaron, en comisión ministerial y contra las objeciones de Netanyahu, un texto que legalizaría de forma retroactiva miles de unidades de alojamientos israelíes construidos, ilegalmente para la justicia israelí, en propiedades privadas palestinas a cambio del pago de indemnizaciones.

Para entrar en vigor, el texto deberá ser aprobado tres veces en el parlamento y, probablemente, también en el Tribunal Supremo.

Para una parte de la comunidad internacional, esta ley supondría cruzar la línea roja. La colonización, fomentada tanto por los gobiernos de derecha como por los de izquierda, es un grave escollo para alcanzar un acuerdo de paz, según la comunidad internacional.

Estados Unidos, gran aliado de Israel, criticó duramente esta posible ley. Las autoridades israelíes piensan incluso que el presidente Barack Obama podría, en las últimas semanas de su mandato, tomar la iniciativa de no vetar una resolución contra la colonización en la ONU.

En cambio, la elección de Donald Trump es, para los partidarios de la colonización, una suerte para Israel que podría plantear la posibilidad de poner fin a la idea de un Estado palestino independiente.

Los palestinos por su parte se oponen totalmente a este proyecto de ley y a otro que también se adoptó el domingo, que limitaría el volumen de los llamados a la oración musulmana.

Esta medidas serían una "catástrofe" para la región, alertó Nabil Abu Rudeina, portavoz de la presidente palestina. "La dirección palestina va a dirigirse al Consejo de Seguridad de la ONU y a todas las organizaciones internacionales para frenar estas medidas israelíes", dijo.

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