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  • EFE

Autoridades y parlamentarios bolivianos afirmaron hoy que la renuncia del agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para la demanda marítima de Bolivia, José Miguel Insulza, es una señal de inestabilidad jurídica y poca seriedad por parte del país vecino.

En declaraciones a la agencia estatal ABI, el procurador general del Estado, Héctor Arce, sostuvo que la renuncia de Insulza al cargo "no es una señal de estabilidad jurídica, de estabilidad en la conducción de un tema importante para cualquier país". Para el funcionario, el ahora exagente chileno no "ha tenido mayores actitudes o actividades relevantes" en cuanto a la demanda marítima y, a su juicio, el "vocero contestario" siempre fue el canciller de Chile, Heraldo Muñoz.

El presidente del Senado boliviano, el oficialista José Alberto Gonzales, consideró que la renuncia de Insulza muestra que en Chile "no se están tomando muy en serio" la controversia ante la CIJ. "Yo presumía que la defensa de los intereses chilenos era muy importante, pero a veces la política, la ambición de poder de algunos políticos hace que incluso traicionen las causas del Estado, las causas nacionales para un beneficio personal", dijo el parlamentario a los medios.

Agregó que ese "ya es un problema de los chilenos" porque Bolivia está más pendiente de lo que defina el tribunal internacional.

El también ex secretario general de la OEA confirmó el miércoles que renunciaba al puesto de agente de Chile ante la CIJ y anunció que buscará una candidatura a la Presidencia de Chile por el Partido Socialista. Insulza fue nombrado agente por la presidenta chilena, Michelle Bachelet, en noviembre de 2015 en sustitución de Felipe Bulnes, y ahora le sucederá en el cargo el diplomático Claudio Grossman.

Bolivia presentó en 2013 una demanda contra Chile en la CIJ para exigir un fallo que obligue a Santiago a negociar sobre el reclamo de recuperar el acceso al mar perdido en una guerra en el siglo XIX.

Además de la demanda marítima boliviana, ambas naciones también están enfrentadas en la Corte por una controversia acerca de la naturaleza de las aguas de la zona del Silala (suroeste), que el país andino considera manantiales propios y sobre las que Chile dice que forman un río al que tiene derecho.

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