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La Corte Suprema de Brasil aceptó ayer las denuncias de supuesta corrupción formuladas contra el presidente del Senado, Renán Calheiros, quien ha sido acusado de recibir coimas de una constructora para el pago de la pensión de una hija.

La decisión fue tomada por ocho votos contra tres y sienta en el banquillo de los acusados a un político de la mayor confianza del presidente brasileño, Michel Temer, en momentos en que el Senado se apresta a votar importantes medidas de un polémico ajuste fiscal promovido por el Gobierno.

Calheiros está acusado por la Fiscalía de haberse valido de su influencia para favorecer a la constructora Mendes Júnior, la cual se sospecha que se hacía cargo de pagar la pensión de una hija que tuvo fuera del casamiento con la periodista Mónica Veloso. Según los cargos, el influyente político benefició con ciertas decisiones a esa empresa, que también pagó durante años el alquiler de la casa en que vivían la pequeña y su madre.

La denuncia fue formulada en 2007 y el escándalo que generó llevó a Calheiros a dimitir de la presidencia del Senado, que ocupaba entonces y para la que volvió a ser elegido en 2013.

Calheiros es un importante dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece Temer, y también es investigado en otra decena de causas que tramitan en el Supremo, que en su mayoría se refieren a la red de corrupción que operó durante más de una década en la estatal Petrobras.

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CASO ODEBRECH

Un total de 77 ejecutivos de la constructora Odebrecht firmaban este jueves acuerdos de delación premiada con la fiscalía brasileña por el caso Petrobras y el grupo aceptó pagar una multa de 6,800 millones de reales (casi 2,000 millones de dólares), dijo a la AFP una fuente ligada a la empresa.

"Es un proceso que aún no terminó, pero que será concluido entre hoy y mañana", dijo la fuente que pidió no ser identificada. Los acuerdos de colaboración individuales con la Justicia se realizan a cambio de una reducción de la condena. La empresa abonará la multa a lo largo de 20 años y el acuerdo incluye los montos que deberá pagar en Estados Unidos y Suiza, donde también es investigada. El acuerdo podría desatar un nuevo sismo político en Brasil, donde hay al menos medio centenar de legisladores investigados por este caso. Los medios locales estiman que la confesión masiva del grupo podría sumar cerca de 100 nuevos nombres a la lista de sospechosos. Odebrecht, que llegó a ser una de las mayores constructoras de América Latina, era un agente financiero clave para muchos políticos, de acuerdo con la causa que echó luz en el escándalo que saqueó más de 2,000 millones de dólares de la petrolera estatal.

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