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Brasil sufrió este lunes represalias comerciales por el escándalo causado por supuestas adulteraciones en productos cárnicos para el consumo humano, luego de que China y Chile cerraran sus mercados y la Unión Europea (UE) impusiera restricciones.

El caso golpea de lleno a dos gigantes del sector, JBS y BRF, que buscaban tranquilizar a los consumidores y limitar sus pérdidas en la bolsa, mientras el Gobierno pugnaba por atemperar las consecuencias para un sector clave de la economía, en recesión desde 2015.

Este nuevo revés se produce en momentos en que Brasil enfrenta las revelaciones del gigantesco esquema de sobornos en la estatal Petrobras que involucró a las mayores constructoras del país y golpeó a buena parte de su élite política y empresarial.

China resolvió frenar el ingreso de cortes brasileños a la espera de explicaciones detalladas sobre el caso. Brasil es el mayor exportador mundial y China su segundo cliente de carne vacuna y aviar.

Poco después, Chile -sexto importador de carne roja brasileña- también decretó un bloqueo temporal.

"El cierre de mercado brasileño de carne es temporal, hasta que informen si (entre los establecimientos sospechosos) hay frigoríficos autorizados para exportar a Chile", explicó en Twitter el ministro chileno de Agricultura, Carlos Furche.

De interés: China suspende importación de carne brasileña tras escándalo

Los medios brasileños indicaron que Corea del Sur suspendió las importaciones de pollos, aunque el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil, dijo que Pekín había sido el único en emitir un comunicado oficial de la veda.

Carne débil

La Unión Europea (UE), por su parte, pidió a Brasil "que elimine de inmediato a los establecimientos implicados en el escándalo de la lista aprobada por la UE", dijo el portavoz de la Comisión Europea, Enrico Brivio.

De los 21 frigoríficos implicados en la trama revelada el viernes por la Policía Federal (PF) brasileña, cuatro tenían permiso para exportar a los 28 países del bloque europeo.

La saga coincide con los esfuerzos para acelerar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la UE, que tiene en el sector alimentario uno de sus capítulos más espinosos.

La PF reveló el viernes que inspectores sanitarios supuestamente recibían sobornos de los frigoríficos para autorizar la venta de alimentos no aptos para el consumo. Más de 30 personas fueron detenidas, tres frigoríficos fueron clausurados y 21 quedaron bajo investigación.

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