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La nueva Asamblea Nacional de Francia, surgida este domingo de las urnas, tratará de forma prioritaria tres proyectos de ley, ya anunciados por el gobierno del presidente Emmanuel Macron.

Código del Trabajo

Reforma estrella del presidente Emmanuel Macron, que la considera esencial para liberar a Francia de una tasa de paro endémico del 9,6% de ciudadanos activos, la flexibilización de la normativa laboral se augura delicada.

La reforma prevé la limitación de las indemnizaciones en caso de despido abusivo, la fusión de las instancias representativas del personal y la instauración de un referéndum en la empresa.

Un texto similar, presentado durante la presidencia del socialista François Hollande, dio lugar en 2016 a seis meses de huelgas y manifestaciones en las grandes ciudades, en ocasiones salpicadas de actos violentos.

El nuevo jefe del Estado quiere actuar rápidamente, sirviéndose del procedimiento acelerado de las ordenanzas. El Parlamento no debatirá los textos sino que será consultado al principio y al final del procedimiento.

Para lidiar con los sindicatos y trabajadores reacios, el Gobierno anunció un diálogo "profundo", a través de unas 50 reuniones hasta el 21 de julio, seguidas de otra serie de encuentros en agosto y principios de septiembre.

Con todo, el colectivo sindical y asociativo llamado "Frente Social" prevé llevar a cabo concentraciones en varias ciudades "contra Macron y sus ordenanzas" para reformar el mercado de trabajo a partir del lunes.

Moralización de la vida pública

Durante una campaña marcada por diferentes escándalos político-financieros, el candidato Macron prometió una ley de moralización de la vida pública, reclamada por su aliado centrista François Bayrou.

Ministro de Justicia del nuevo gobierno, él mismo sospechoso de supuestos empleos ficticios vinculados a miembros de su partido, Bayrou presentó el miércoles en el consejo de ministros este proyecto de ley que será debatido a partir de julio en el Parlamento.

El texto prevé, entre otras medidas, prohibir a los parlamentarios emplear a miembros de su familia, después de que el candidato de la derecha a las elecciones presidenciales, François Fillon, fuera acusado de haber remunerado a su mujer durante años con fondos públicos.

Las actividades de consultoría de diputados y senadores serán estrictamente controladas y se aplicará una pena de inelegibilidad de hasta 10 años en caso de condenas penales por fraude o corrupción.

Además, la "reserva" parlamentaria, un presupuesto del que disponen los diputados para atribuirlo a través de subvenciones, será suprimida, y sus gastos de representación serán sometidos a verificación.

Lucha contra el terrorismo

Una ley para reforzar las medidas de seguridad contra el terrorismo, que sustituirá al estado de emergencia decretado tras los atentados de noviembre de 2015, será presentada en el consejo de ministros el 21 de junio.

Muy criticado por los defensores de las libertades públicas, este texto busca "introducir en el derecho común disposiciones concretas, dirigidas y supervisadas para luchar de forma eficaz contra el terrorismo" y permitirá "reservar el régimen de estado de emergencia a circunstancias excepcionales", según la presidencia francesa.

Algunas medidas excepcionales del estado de emergencia podrán sin embargo volver a ser aplicadas "especialmente para asegurar de forma duradera la seguridad de grandes acontecimientos culturales, recreativos o deportivos".

El estado de emergencia, prolongado ya en cinco ocasiones, batió el récord de duración ininterrumpida de este régimen de excepción desde su creación durante la guerra de Argelia (1954-1962).

Permite detenciones domiciliarias, allanamientos administrativos, prohibición de manifestaciones, controles de identidad, registro de equipaje y vehículos, así como la clausura de lugares de reunión.

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