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La Fiscalía brasileña denunció a los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff por supuesta obstrucción a la justicia, tan solo un día después de presentar una acusación contra ambos por asociación ilícita.

La denuncia ofrecida por el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, está relacionada con el nombramiento de Lula como ministro en 2016, meses antes de que Dilma Rousseff fuera destituida por el Congreso por irregularidades en las cuentas públicas.

La acusación fue presentada ante el Supremo, ya que el fiscal considera que, aunque ninguno cuenta con foro privilegiado, el caso está relacionado con la denuncia presentada el martes por asociación ilícita.

La nueva acusación se remite a hechos ocurridos en marzo de 2016, cuando Rousseff juramentó a su padrino político como ministro de la Casa Civil, lo que le dio fuero privilegiado y le permitió huir de las garras de la justicia común.

El nombramiento fue interpretado por la oposición como un intento de Rousseff por impedir un posible arresto de Lula, investigado por corrupción, antes de asumir su condición de ministro.

Audios entre ambos

Días antes del nombramiento, el juez Sergio Moro autorizó la divulgación de unos audios de una conversación entre Rousseff y Lula, donde parecían sugerir supuestas maniobras de la mandataria para influir en favor de su nuevo ministro.

Se trata de la segunda denuncia en menos de 24 horas contra Lula y Rousseff, quienes fueron acusados de asociación ilícita junto a otros miembros del Partido de los Trabajadores (PT), entre ellos la senadora y presidenta de la formación, Gleisi Hoffmann.

De acuerdo con Janot, entre 2002 y 2016 los acusados “integraron y estructuraron una organización criminal, con actuación durante el período en que Lula y Dilma Rousseff sucesivamente fueron titulares

de la Presidencia de la República, para cometer una miríada de delitos, en especial contra la administración pública”.

Rodrigo Janot ha reiterado que lanzará “flechas” contra políticos salpicados por corrupción hasta el día en el que deje su mandato como fiscal general, lo que está previsto ocurra el próximo 17 de septiembre, cuando será sustituido por Raquel Dodge.

Pacto de sangre

Antonio Palocci, un influyente ministro en los gobiernos de los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, declaró ante la justicia que existía un “pacto de sangre” para el pago de 100 millones de dólares en sobornos de Odebrecht al Partido de los Trabajadores (PT) e incriminó al exmandatario.

Palocci “dijo que había un pacto de sangre, un paquete de sobornos que se desdoblaría en la compra del terreno para el Instituto Lula y en un paquete de 300 millones de reales (unos cien millones de dólares) en sobornos que estarían disponibles” para el PT, dijo el abogado Adriano Bretas, que defiende al exministro.

Palocci, condenado ya por corrupción en el caso Petrobras, declaró como imputado ante el juez federal Sergio Moro, en una causa también relacionada con los millonarios desvíos de fondos en la petrolera estatal y en la que también responde el propio Lula.

Bretas señaló en rueda de prensa que Palocci reconoció al magistrado que Lula acompañó cada paso de esta operación, que implica el pago de millonarios recursos ilícitos en su beneficio y en el de su partido, en el cual el expresidente participó de su fundación en 1980.

“Quedó clara toda participación del expresidente Lula”, aseveró el letrado.

En esta causa concreta, la Fiscalía denunció a Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero y le acusó de recibir sobornos del grupo Odebrecht, una de las empresas implicadas en la red corrupta, a través de Palocci.

El dinero, sostiene la querella, se habría destinado a la compra del terreno que ocuparía la sede del Instituto Lula y un ático vecino a su residencia particular en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo (sudeste).

Según la defensa, Palocci dijo que el exjefe de Estado, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, recibió todavía cuatro millones de reales (unos 1.3 millones de dólares) en efectivo para beneficio personal, y admitió que sabía de la compra de los bienes que constan en la denuncia.

Lula se someterá a un nuevo interrogatorio de Moro el próximo 13 de septiembre en la ciudad de Curitiba, donde se concentran las investigaciones del caso Petrobras en primera instancia. El escándalo en Petrobras, destapado hace más de tres años, ha enviado a prisión a importantes políticos y empresarios, además de señalar a Lula, Rousseff, al presidente Michel Temer y varios de sus ministros.

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