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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), emitió ayer una alerta a las instituciones financieras en la que advierte sobre diferentes métodos que figuras políticas venezolanas y sus asociados pueden usar para lavar dinero e introducirlo en el sistema financiero estadounidense. 

“En los últimos años, las instituciones financieras han reportado a FinCEN sus dudas con respecto a muchas transacciones sospechosas de estar vinculadas a la corrupción pública venezolana, incluidos los contratos gubernamentales”, dijo según un comunicado oficial Jamal El-Hindi, director en funciones de FinCEN. 

En el documento, disponible en el sitio web de FinCEN,  describen nueve señales de alerta para ayudar a identificar y reportar actividades sospechosas que pueden ser indicativas de corrupción, y piden que sean compartidos a instituciones financieras, departamentos legales, analistas en imposición de sanciones, oficiales de riesgo, entre otros.

Señales de alerta

Entre las señales de alerta ponen como ejemplo el abuso de contratos gubernamentales en Venezuela, transferencias bancarias de corporaciones petroleras, y la adquisición de propiedades en el sur de Florida y Houston. 

El-Hindi enfatizó en que “durante este período de turbulencia en ese país, las instituciones financieras deben continuar su vigilancia para ayudar a identificar y detener el flujo de ganancias corruptas y protegerse contra el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas”. 

FinCEN considera que Venezuela enfrenta “circunstancias de severa crisis económica y política debido a la ruptura del orden constitucional y democrático”, y advierte que “la corrupción endémica” puede afectar el crecimiento económico y la estabilidad de ese país.

Las recomendaciones del FinCEN buscan “apoyar a la aplicación de la ley a través de la identificación e investigación de fondos potencialmente ilícitos procedentes de Venezuela que ingresan al sistema financiero estadounidense”. 

Sin embargo, instan a las instituciones financieras a ser conscientes de que las transacciones comerciales que involucran a nacionales y negocios venezolanos no representan necesariamente el mismo riesgo que las transacciones y relaciones identificadas como relacionadas con el gobierno venezolano.

La alerta emitida ayer es una de las varias medidas que el Gobierno de Estados Unidos ha tomado sobre Venezuela y sus funcionarios o exfuncionarios. 

La última había ocurrido el 25 de agosto de este año, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto en el que prohibía transar nueva deuda emitida por el Gobierno de Venezuela y su empresa petrolera estatal, además de prohibir las transacciones en ciertos bonos existentes propiedad del sector público venezolano y los pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela.

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