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El presidente de EE. UU., Donald Trump, reemplazó ayer su polémico veto migratorio a seis países de mayoría musulmana, que expiró este domingo, con un decreto que impone restricciones a ocho naciones, entre ellas Venezuela.

Los países afectados son Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad, Corea del Norte y Venezuela, precisó Trump en una proclamación presidencial que, según la Casa Blanca, tiene la misma fuerza de una orden ejecutiva y que entrará en vigor el próximo 18 de octubre.

“Como presidente, debo actuar para proteger la seguridad y los intereses de EE. UU. y su pueblo”, escribió en la notificación oficial el gobernante.

La proclamación pretende “mejorar las capacidades y procesos de vigilancia para detectar el intento de entrada a Estados Unidos de terroristas u otras amenazas a la seguridad pública”.

Los nuevos impedimentos se basan en una revisión mundial en función de la información sobre seguridad que los diferentes países comparten con EE. UU., y no en criterios de religión o raza, indicaron altos funcionarios del Gobierno en una rueda de prensa telefónica.

Esas limitaciones, además, no tendrán impacto en aquellas personas que ya dispongan de un visado estadounidense: “No hay ningún plan para revocar ningún visado que sea válido”, remarcó un alto funcionario del Gobierno.

Venezuela está incluida porque “su Gobierno no coopera en verificar si sus ciudadanos representan amenazas para la seguridad nacional o la seguridad pública”, según la orden emitida por Trump.

Queda, pues, suspendida la entrada en Estados Unidos de funcionarios de agencias gubernamentales venezolanas como el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

También tienen prohibido pisar territorio estadounidense los “miembros de la familia inmediata” de esos funcionarios venezolanos que pretendan viajar como no inmigrantes con visados de negocios o de turista.

Esta decisión tensa aún más la complicada relación entre Venezuela y EE. UU., que ya ha castigado en los últimos meses al Gobierno de Nicolás Maduro con sanciones por promover la creación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con poder para redactar una nueva Constitución y que no es reconocida por la oposición.

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