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La Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presionaron ayer al gobierno español para que dialogue con los  independentistas catalanes, que amenazan con una declaración unilateral de independencia tras el referéndum prohibido el pasado domingo, marcado por violentas cargas policiales.

En un comunicado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al gobierno conservador de Mariano Rajoy investigaciones “completas, independientes e imparciales” sobre “todos los actos de violencia” ocurridos el domingo en Cataluña.

Policías y guardias civiles recurrieron a porras, patadas, empujones y pelotas de goma contra manifestantes decididos a votar y entraron por la fuerza en colegios para requisar urnas y papeletas.

Rajoy afirmó que se limitaron a cumplir “con su obligación” pero, desde Barcelona, los independentistas denunciaron una “represión injustificada”. Desde el gobierno regional, aseguran que 896 personas precisaron atención médica y dos de ellas tienen “pronóstico reservado”.

La Unión Europea (UE) pidió también a Madrid y Barcelona “pasar rápidamente de la confrontación al diálogo”, mientras el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, urgió a Rajoy a evitar un nuevo “uso de la fuerza”. Y el miércoles, la Eurocámara debatirá sobre la cuestión.

Durante la jornada, Rajoy habló con Tusk y los presidentes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, anunció la Moncloa en un comunicado. En esas conversaciones, les transmitió que “impedir el referéndum ilegal contribuye a mantener la estabilidad y la democracia” en Europa.

La UE rompió ayer su tabú sobre Cataluña, condenando el “uso de la fuerza” desplegado por el gobierno español para impedir la celebración de un referéndum de independencia prohibido y llamando a las partes al diálogo, aunque Bruselas rechaza mediar “en este momento”.Estudiantes se concentraron ayer en el centro de Barcelona para protestar por la intervención policial.

“La violencia nunca puede ser un instrumento en política”, dijo el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, abandonando las reservas de esta institución de las últimas semanas y llamando a “todos los actores” a pasar “rápidamente de la confrontación al diálogo”.

De interés: Madrid hará todo lo que la ley permite para impedir declaración catalana de independencia

Los primeros llamados de la UE acentuaron la presión sobre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en cuyo “liderazgo” confía Bruselas para “gestionar este difícil proceso dentro del pleno respeto de la Constitución española y de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

La Comisión Europea, por boca de su portavoz, rechazó que la situación en Polonia sea comparable a la de España, donde su Constitución, vigente desde 1978, “salvaguarda un marco de valores a los que la UE se adhiere”.

Pese al llamado al diálogo, Bruselas rechazó una eventual mediación “en este momento”, como le pedían las autoridades catalanas. “Es a las partes implicadas a las que llamamos al diálogo”, apuntó Margaritis.

Mediación pero... 

Desde Barcelona, el presidente catalán Carles Puigdemont solicitó una mediación, que según él debe ser internacional “para que sea eficaz”. “Si hay una mediación, hablaremos de todo. Si no la hay, también hemos explicado lo que pasa”, advirtió.

Y su plan en este sentido pasa por una declaración de la independencia de esta región de 7.5 millones de habitantes ubicada en el noreste de España.

“No planteamos un proyecto de ruptura traumática con nadie (...) Nos queremos reentender con el Estado español”, aseguró.

A pesar de los numerosos problemas logísticos de la votación, Puigdemont dio por “válido” el resultado ofrecido por su gobierno: una participación de 42.3%, con 90% de síes a una república independiente.

Una vez que se publique oficialmente en los próximos días, el Parlamento regional, dominado por los independentistas desde 2015, dispondrá en principio de 48 horas para declarar la independencia, aunque sin efectos inmediatos.

Esto agudizaría el conflicto con el gobierno español. “Habrá que hacer todo lo que la Ley permite para impedir que sea así”, advirtió el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

También podría tensar a la sociedad catalana, que este lunes despertó consternada por la actuación policial, con protestas por toda la región.

Para hoy, habrá una huelga general convocada por un amplia lista de entidades, entre ellas las secciones catalanas de los dos mayores sindicatos, UGT y CCOO. Universidades, instituciones culturales, el FC Barcelona o incluso la emblemática basílica de la Sagrada Familia cerrarán sus instalaciones.Para este martes está previsto un paro general en Barcelona.

En Barcelona, pertrechadas de banderas independentistas y a gritos de “¡las calles serán siempre nuestras!”, miles de personas salieron al mediodía por la ciudad.

“Todavía siento la indignación”, decía Sergi Capell, propietario de una agencia de comunicación, de 50 años. Pero “hay que buscar soluciones. La declaración de la independencia no es una solución y la represión tampoco”, advertía.

En medio de la irritación, un hotel de Calella, a unos 50 km al noreste de Barcelona, pidió este lunes a 200 agentes de la Guardia Civil enviados a Cataluña que se alojaban allí que abandonaran el establecimiento. Y en Barcelona, manifestantes protestaron frente a la sede de la Policía Nacional.

Los catalanes están divididos casi a partes iguales sobre la cuestión. Muchos contrarios a la independencia optaron por abstenerse el domingo y observan con inquietud los planes de sus dirigentes.

Presión doméstica a Rajoy

La perspectiva también genera preocupación en el resto del país, que se juega la permanencia de su principal potencia exportadora y su primer destino turístico, responsable del 19% de su PIB.

Rajoy se reunió por la tarde con el líder de la oposición socialista, Pedro Sánchez, y el centrista de Ciudadanos, Albert Rivera, cuarta fuerza parlamentaria, para buscar un frente común pese a sus posiciones muy distantes.

Rajoy: “Referéndum solo ha servido para sembrar división” 


MENSAJE • El presidente de España, Mariano Rajoy, aseguró en una intervención pública que “todos tenemos motivos para confiar en la democracia”. Sobre el reciente referéndum dijo que fracasó y que “solo ha servido para sembrar división, enfrentar a los ciudadanos, soliviantar las calles y provocar situaciones indeseadas. Solamente ha servido para causar un grave daño a la convivencia, un bien que debemos empezar a recuperar cuanto antes”.

“Si algo debo destacar de esta jornada es la constatación de la fortaleza de la democracia española, la eficacia de sus instituciones, la lealtad de sus servidores públicos y la unidad y responsabilidad manifestada por la gran mayoría de los ciudadanos”, agregó Rajoy.

Postura del gobierno de España 

No ha habido un referéndum en Cataluña, ni nada mínimamente homologable a ello en ningún país democrático. No había ni censo oficial, ni comisión electoral independiente, ni mesas electorales con las más mínimas garantías.

El supuesto referéndum se convocó por el gobierno de Cataluña en base a una ley suspendida por el Tribunal Constitucional español. Esa ley fue aprobada el 6 de septiembre por una mayoría simple del Parlamento de Cataluña, derogando entre otras cosas la propia legislación electoral catalana, que requiere una mayoría de dos tercios para ello. Se aprobó, además, en vulneración del propio reglamento del Parlamento de Cataluña y del Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en 2006, que no otorga esta competencia al Parlamento catalán, y en vulneración de la Constitución española aprobada en 1978 por más del 90 % de los catalanes.

Al día siguiente, el 7 de septiembre, el Parlamento catalán aprobó, de nuevo por mayoría simple la llamada Ley de Transitoriedad, declara derogando tanto el Estatuto de Autonomía como la Constitución española. Esto se hizo, como la ley anterior, después de un debate de dos horas sin posibilidad de enmienda por los grupos de oposición y en vulneración flagrante de ambas leyes y del reglamento del Parlamento catalán. Esta ley también fue suspendida por el Tribunal Constitucional.

Las actuaciones policiales, desde entonces, han sido estrictamente proporcionadas y solo se ha utilizado la fuerza como respuesta a la violencia o resistencia violenta a la actuación de las fuerzas policiales, que siempre han actuado por mandato judicial, para garantizar el respeto a la legalidad y los derechos y libertades de los ciudadanos de Cataluña y todos los españoles. Ha habido incidentes aislados de violencia, desgraciadamente con heridos, entre ellos un buen número de policías y de guardia civiles.

Los responsables de esta situación han sido el gobierno de la Generalitat, su presidente, y sus aliados parlamentarios que han arrastrado a una parte de la población de Cataluña a incumplir la Ley, y han amenazado a periodistas, alcaldes y ciudadanos que no comulgaban con su ideario independentista.

Desde este Gobierno, lamentamos que por la actitud del presidente de la Generalitat de Cataluña la imagen que se proyecta de España no sea la de un país próspero que ha sabido superar una de las crisis económicas más fuertes que se hayan vivido en la historia reciente, que comenzamos a crecer y a crear empleo, y que sea uno de los lugares más atractivos del mundo para vivir, trabajar y visitar. 

La puerta del diálogo siempre ha estado abierta. Pero el diálogo político, como en cualquier Estado de Derecho, como en cualquier Democracia, solo puede hacerse en el marco de la Ley. Esta puede modificarse en una democracia, pero las autoridades cuya legitimidad democrática deriva de las mismas no pueden ni ignorarla, ni violarla, como ha hecho el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Por ello, el gobierno español reitera que, una vez que se restablezca el respeto a la legalidad en Cataluña, está dispuesto a restablecer también el diálogo, sin más límites que los marcos que nuestra Constitución y nuestras leyes imponen, incluso para modificarlas.

 

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